El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que "estamos ante el peor escándalo de espionaje de la democracia, más de 60 personas espiadas con un software que solo pueden comprar los estados". Lo ha hecho ante el Congreso de los Diputados tras la reunió mantenida con portavoces de los partidos independentistas catalanes y vascos y con el grupo parlamentario de Unidas Podemos, con motivo del supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas.

En su declaración ante los medios, puedes ver en el vídeo, Aragonès ha asegurado que estos hechos "extremadamente graves" "no pueden quedar impunes". Para ello, Aragonès ha pedido al PSOE que haga una investigación interna "transparente" y "con supervisión independiente para aclarar a quién se ha espiado, quién dio la orden, quién lo supervisó, quién autorizó y qué se ha hecho con la información también que se de curso y se apruebe la comisión de investigación en el Congreso".

El presidente catalán ha reiterado las palabras que había pronunciado ya en la mañana en una entrevista en la Cadena Ser, donde insistió en la pérdida de "confianza" que supone este caso.

El presidente catalán había dicho que las explicaciones dadas por el Gobierno sobre el presunto espionaje a dirigentes independentistas a través de Pegasus "no sólo son insuficientes, sino absolutamente contraproducentes para recuperar un mínimo de confianza". Una reacción a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que garantizó que las actuaciones del Centro de Nacional de Inteligencia (CNI) siempre están sujetas a la legalidad vigente, a la vez que rechazó que se hagan acusaciones sin pruebas aprovechando que todas sus actuaciones son secretas y "no se puede defender".

"Del Gobierno sólo hay evasivas, que no son aceptables. Imagínese que el presidente espiado fuera el de Galicia. ¿Qué pasaría? Todo el mundo puede imaginarse que habría un escándalo mucho mayor y se pedirían explicaciones", ha sostenido Aragonès, que está en Madrid para reunirse con los partidos afectados por el caso de presunto espionaje.

Sobre quién estaría detrás de este presunto espionaje, que asegura que afecta a más de 60 personalidades tanto de la Generalitat como del mundo independentista, ha apuntado hacia el Centro Nacional de Inteligencia: "Es un software que solo puede ser adquirido por Estados. Activarlo no es barato. Ha habido recursos. ¿Qué Estado puede estar interesado? Esto apunta a España. Y sabemos que el CNI lo adquirió. Queremos saber a quién se ha espiado, por qué, qué datos se han han utilizado y con qué objetivo",

No trabajan en la ruptura con el Gobierno

Al respecto de una posible ruptura con el Gobierno, Aragonès ha asegurado que no están trabajando en esa ruptura, aunque sí admite que hay un problema de confianza, com orecoge le vídeo superior: "No es una cuestión de finiquitar la legislatura o no", hay dicho, sino que "es inviable que haya la confianza mínima necesaria para otorgar estabilidad al Gobierno de España si no se aclaran estos hechos".

Por ello, ha asegurado, "la pelota no está en nuestro tejado".

Aragonès, que no va a poder reunirse en esta ocasión con el presidente del Gobierno, al encontrarse de viaje en Ucrania, ha afirmado que ha intercambiado en estos días mensajes con Pedro Sánchez en los que se han emplazado a una reunión.

Isabel Rodríguez: "No conviene frivolizar"

A estas palabras ha respondido la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ha insistido en que el Gobierno "no tiene nada que ocultar en este asunto".

Rodríguez, en una entrevista en Televisión Española, se ha referido a la amenaza del presidente de la Generalitat de que ERC podría retirar su apoyo parlamentario a Sánchez si el Gobierno no da explicaciones y se asumen responsabilidades, a lo que ha respondido que "no conviene frivolizar cn la estabilidad del país y del Gobierno".

Tras plantearle si con esas palabras acusa a Aragonès de frivolizar, lo ha negado y ha puesto en valor "el esfuerzo que ha hecho el presidente de la Generalitat", al igual que el Gobierno de Sánchez, para "recuperar normalidad" en la sociedad catalana y "encauzar" un conflicto que se había trasladado al ámbito judicial.