A siete meses de los comicios municipales y autonómicos, que serán en mayo de 2023, las comunidades del PP se lanzan a la guerra fiscal para caldear el ambiente electoral. El último ejemplo fue el anuncio de este lunes: el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, se trasladó a Madrid para anunciar allí mismo la supresión del impuesto de patrimonio en la región, el que pagan las grandes fortunas.

No es casual que el jefe del Gobierno andaluz, que ganó por mayoría absoluta en junio, hiciera el anuncio desde la capital. Pese a que asegurara que quería copiar el modelo "de éxito" de Madrid, donde el impuesto para las grandes fortunas está bonificado al 100%, lo cierto es que con eso calienta la competencia entre regiones para atraer a los más acaudalados. A cambio de no cobrar patrimonio, se asegura de cobrar el IRPF, que también aseguró que lo va a deflactar -actualizar los tramos para que las posibles subidas de salarios no supongan una mayor presión fiscal-.

Si bien Andalucía no puede suprimir el tributo de Patrimonio, porque es una figura creada por el Gobierno central, sí puede bonificarlo: es decir, pagarlo por los contribuyentes a quienes se les imputa. La medida, que será aprobada este mismo martes en el Consejo de Gobierno andaluz, va a afectar a unos 18.000 andaluces más ricos, que declaran más de 700.000 euros -sin contar la vivienda habitual-, apenas el 0,2% de los contribuyentes de una región con 8,5 millones de habitantes. Este perdón supondrá un coste para las arcas andaluzas de 93 millones de euros.

Este cálculo es el de los técnicos del Ministerio de Hacienda, pero fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero a laSexta elevan la cifra: en 2022, solo 20.661 contribuyentes han pagado el impuesto de patrimonio, con lo que las arcas andaluzas han ingresado 120 millones de euros. El anuncio de Moreno es un regalo fiscal de 5.800 euros de media para los más acaudalados, informa Laura Vilamor.

La medida se enmarca en una búsqueda de inversión adicional para Andalucía, de manera que las grandes fortunas no se muden a Madrid atraídas por sus beneficios fiscales. Sin embargo, es cierto que el impuesto de patrimonio grava posesiones como obras de arte, que difícilmente van a convertirse en inversión en la economía productiva.

El anuncio andaluz se produjo avalado por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que presentó a Moreno, y busca confrontar con el modelo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que ahora mismo está gestionando dos nuevos gravámenes en el Congreso: el energético y el de la banca.

La réplica por la parte socialista la dio la ministra de Educación, Pilar Alegría, en su condición de portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE: "Esa medida solo afecta al 0,2% de los andaluces. Lo que sí va a afectar es el recorte que van a sufrir en el estado del bienestar", aseguró en una rueda de prensa.

Un anuncio que tampoco tiene sentido, a juicio del titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha considerado como un "despropósito" la competición fiscal entre comunidades autónomas. "Hay que hacer políticas redistributivas y ahora nos encontramos con una regresiva, como la eliminación del impuesto del patrimonio en Andalucía. Las comunidades tienen que mejorar la Sanidad, Educación... Esto de competir fiscalmente no lo entiendo", ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

La otra 'afectada', la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien Moreno quiere 'arrebatar' las grandes fortunas, celebró la medida: "Andaluces: bienvenidos al paraíso", tuiteó a renglón seguido.

La adaptación del IRPF también beneficia a los más ricos

Moreno, en la línea con Ayuso, también anunció la deflactación del IRPF: esto es, la adaptación de los tramos para que una subida de las rentas como consecuencia de la inflación no suponga una mayor presión fiscal sobre el ciudadano. Lo hizo en los tres primeros tramos, hasta los 32.500 euros anuales, pero el sindicato de técnicos de Hacienda señala que esto sobre todo beneficiará a quienes más declaran: "Esta medida afectará a todos los declarantes, por lo que supone un menoscabo de la recaudación de las personas que declaran bases por encima de 35.200 euros, casi el 18% de los andaluces con mayores rentas, que se verían beneficiados con el 39% de la rebaja fiscal, con casi 50 millones de euros".

Es por eso que reclaman que se compense la deflactación en los tramos inferiores con una mayor presión en los superiores, ya que esta compensación en el impuesto de la renta "no afectará a 1.185.562 contribuyentes que presentaron la declaración, el 31,22% de los declarantes, con ingresos por debajo de 12.000 euros, ni tampoco a otros 1.659.970 de andaluces que no declaran por la baja cuantía de sus salarios, pensiones o prestaciones por desempleo".

"Gestha considera preferible reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal y fortalecer el control del gasto público", insisten desde el sindicato.

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda aseveran que no es una medida eficaz para hacer frente a la inflación, ya que aumenta la liquidez disponible, ni que beneficie a las rentas más bajas ni a los más vulnerables, ya que tributan por debajo del mínimo.