La jueza Mercedes Alaya ha notificado un auto en el que imputa a dos exconsejeros socialistas andaluces, Manuel Recio y Antonio Ávila, en la causa de los cursos de formación, y a ambos les acusa de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
Además, la juez amplía la imputación al exconsejero Antonio Fernández y también acusa a los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo Antonio Toro, Alejandro Rueda y Pedro Eugenio Gracia.
A los exconsejeros, la juez les acusa de firmar resoluciones de exoneración de los cursos de formación hasta acumular, en octubre de 2013, 950 millones de euros sin justificar respecto a entidades que obtenían beneficios "realmente altos".
Alaya, que ya ha dejado de ser titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, asegura en su auto que los responsables políticos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y del SAE, "han concebido indiciariamente la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma".