Hacienda mantiene en su puesto a Ángel Álvarez Capón, jefe
de Auditores encargado de inspeccionar las cuentas de la empresa pública Acuamed
y a la vez miembro del Consejo de Administración de la empresa investigada.
El funcionario se auditó a sí mismo, según denuncia el
sindicato Ghesta, y no apercibió irregularidades en la adjudicación de contratos
públicos que ahora investiga Anticorrupción. Una incompatibilidad que se podría
contemplar como falta grave.
Los controles del Ministerio de Hacienda fallaron en el caso
Acuamed. No fueron las auditorías estatales, sino la denuncia de un trabajador
de la empresa pública quien destapó el presunto fraude en la adjudicación de
contratos públicos.
"Esto demuestra que los controles de Hacienda no funcionaron
porque no detectaron una irregularidad millonaria como la de Acuamed", señala Salvador
Faura, del Sindicato Técnicos de Hacienda Gestha.
Los técnicos de Hacienda denuncian que un miembro del
consejo de Administración de Acuamed fue el mismo encargado de supervisar las
cuentas de la empresa para Hacienda. Es decir, se auditó a sí mismo y perdió la
imparcialidad a la que le obliga su cargo.
"Un consejero de Acuamed, un consejero de cualquier
sociedad, no puede ser por mucho que sea interventor de la ONA el jefe del
equipo que audite esa empresa", explica Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la
Agencia Tributaria.
El Ministerio de Hacienda mantiene su silencio porque, dice,
el caso está bajo secreto de sumario. "Nos sorprende que a día de hoy no
tengamos noticias de que haya sido cesado de alguno de los dos cargos públicos
que ostenta", asegura Faura.
Ángel Álvarez Capón sigue siendo el jefe de la división uno de
la Oficina Nacional de Auditoría y mantiene también su cargo como miembro del
consejo de administración de Acuamed. Se puede comprobar en el organigrama de
la empresa.
"Puede ser considerado una infracción muy grave el hecho de
que un funcionario público incumpla sus normas de independencia e
incompatibilidades", afirma Carlos Sáez, socio de 'Trebia Abogados'. Esto conllevaría
una sanción que podría suspenderle de su cargo o separarle del servicio
temporalmente.
