Ana Mato, ministra de Sanidad aseguró el año pasado que “nadie queda desatendido en esta reforma sanitaria”. Pero esto no es lo que asegura la ONU que en una dura carta afirma que se están dando “incidentes inaceptables en materia sanitaria” y que los derechos humanos “no pueden ser ignorados por las presiones fiscales”.
La respuesta del Gobierno es que España tiene su normativa adaptada a la europea y es uno de los países con mayor cobertura para inmigrantes irregulares. Culpan a los recortes de la muerte de Jeanneth Beltrán, una mujer nicaraguense de 30 años que fallecía el pasado 23 de mayo en el Hospital de Toledo. Padecía desde hace casi un año una enfermedad renal, pero al encontrarse en situación irregular no se atrevía a ir al médico. “Iba a un centro y le decían no tiene usted derecho porque no tiene tarjeta”, afirma Juan Luis Ruiz, médico de Atención Primaria.
Su situación se agrava y acude a Urgencias, el único lugar en que pueden ser atendidos los inmigrantes irregulares tras el nuevo decreto sanitario del 2012. Allí fallece tras cuatro horas esperando en urgencias. Pero la indignación de su familia estalla al recibir, tres semanas después de su fallecimiento, una carta del hospital que le exige el pago de la factura por la atención.
Una factura como la que ha recibido Marlene Martínez, en la que se le cobra 261 euros por ser atendida en Urgencias de una trombosis en la pierna. “Mejor que me cobren y no me muero”, afirma Marlene. Ella también se resistía a ir al médico por miedo a que le cobraran. La misma situación que llevó a la muerte a Alpha Pam, un senegalés que falleció a causa de una tuberculosis en Mallorca tras un periplo de seis meses intentando ser atendido en distintos centros de salud.