Según sostiene la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, los abusos sexuales contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. "Son entornos
familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos
escenarios", apunta.
En este contexto, la
institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad
probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad
en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza"
por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial.
"Este rechazo
inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio
final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida
de un trascendental bagaje probatorio", argumenta.
Para evitar esto, el
Ministerio Fiscal sugiere que se "podría llevar a normalizar la adopción
de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados -como despachos, aulas-,
que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas
personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".
La comunidad educativa, en contra
Diferentes
representantes de la comunidad educativa han mostrado su recelo sobre la
sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado y exponen que confronta
con el derecho a la intimidad de escolares y docentes.
Desde el ámbito
estudiantil, el presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes CANAE,
Carlos López, afirma que a la propuesta de la Fiscalía "le falta
concreción" y supondría tener que "equilibrar el derecho a la
intimidad y a la privacidad con la lucha efectiva contra los abusos
sexuales".
"Utilizar las
tecnologías contra el abuso es una buena noticia, pero siempre que se respeten
estos derechos", expone López, que reclama un plan nacional contra el
abuso escolar con medidas preventivas impulsadas por las administraciones
públicas.
Por parte de las
familias, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, rechaza la sugerencia de la
Fiscalía y desconfía del control que podrían tener las imágenes grabadas en los
centros educativos.
"Somos contrarios a
esa medida porque no va a favorecer el clima del centro, y por la protección de
datos. No sabemos quién va a utilizar esas imágenes y para qué, y cuando
hablamos de grabar a menores hay que pedir consentimiento a las familias",
explica Cardenal, mostrándose partidaria de "tomar otras medidas"
contra el abuso a menores.
Cientos de condenados por delitos sexuales pretenden trabajar con niños
Una media de 577
condenados por delitos sexuales pretenden trabajar con niños en España cada
año, pero son detectados por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del
Ministerio de Justicia, que se puso en marcha en marzo de 2016.
Así, en los tres últimos
años, se ha evitado que 1.730 personas puedan ejercer de profesores o monitores
de tiempo libre, entre otros trabajos, según los datos oficiales.
Todos los ciudadanos que
quieran desempeñar una tarea profesional que requiera contacto habitual con
menores, deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal y
como establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015.
En 2016, se emitieron
1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo por delitos de
naturaleza sexual; en 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos
positivos, y en 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas
condenadas. Desde marzo de 2016 se han expedido 5.976.584 certificados y el
0,03% dieron positivo (unos 1.730).