Según sostiene la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, los abusos sexuales contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. "Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios", apunta.
En este contexto, la institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza" por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial.
"Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un trascendental bagaje probatorio", argumenta.
Para evitar esto, el Ministerio Fiscal sugiere que se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados -como despachos, aulas-, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".
La comunidad educativa, en contra
Diferentes representantes de la comunidad educativa han mostrado su recelo sobre la sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado y exponen que confronta con el derecho a la intimidad de escolares y docentes.
Desde el ámbito estudiantil, el presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes CANAE, Carlos López, afirma que a la propuesta de la Fiscalía "le falta concreción" y supondría tener que "equilibrar el derecho a la intimidad y a la privacidad con la lucha efectiva contra los abusos sexuales".
"Utilizar las tecnologías contra el abuso es una buena noticia, pero siempre que se respeten estos derechos", expone López, que reclama un plan nacional contra el abuso escolar con medidas preventivas impulsadas por las administraciones públicas.
Por parte de las familias, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, rechaza la sugerencia de la Fiscalía y desconfía del control que podrían tener las imágenes grabadas en los centros educativos.
"Somos contrarios a esa medida porque no va a favorecer el clima del centro, y por la protección de datos. No sabemos quién va a utilizar esas imágenes y para qué, y cuando hablamos de grabar a menores hay que pedir consentimiento a las familias", explica Cardenal, mostrándose partidaria de "tomar otras medidas" contra el abuso a menores.
Cientos de condenados por delitos sexuales pretenden trabajar con niños
Una media de 577 condenados por delitos sexuales pretenden trabajar con niños en España cada año, pero son detectados por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, que se puso en marcha en marzo de 2016.
Así, en los tres últimos años, se ha evitado que 1.730 personas puedan ejercer de profesores o monitores de tiempo libre, entre otros trabajos, según los datos oficiales.
Todos los ciudadanos que quieran desempeñar una tarea profesional que requiera contacto habitual con menores, deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal y como establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015.
En 2016, se emitieron 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo por delitos de naturaleza sexual; en 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos positivos, y en 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas condenadas. Desde marzo de 2016 se han expedido 5.976.584 certificados y el 0,03% dieron positivo (unos 1.730).