Según han informado hoy fuentes judiciales, esa presunta adjudicación irregular del servicio de basuras de Lloret constituye una de las nuevas líneas de investigación que la Fiscalía mantiene abiertas en relación con el caso Crespo, junto a la supuesta salida de varias sumas de dinero de la familia del diputado a las islas Caimán en el año 2002.

Las sospechas sobre la posible adjudicación irregular derivan de un informe de la Agencia Tributaria que revela que un familiar de Crespo recibió dinero de la empresa GBI Serveis, a la que el Ayuntamiento de Lloret renovó la concesión del servicio de recogida de basuras de la población en un pleno convocado "in extremis" un mes antes de las elecciones municipales de 2011.

La adjudicación urgente a la empresa GBI Serveis, por un periodo de diez años y a razón de 7,9 millones por cada ejercicio, se acordó en un pleno extraordinario el 13 de abril de 2011, el último del mandato y que presidió el concejal de Urbanismo Josep Valls, también imputado en la causa, porque Xavier Crespo excusó su asistencia, han informado a Efe fuentes cercanas al caso.

GBI Serveis, empresa que lleva las iniciales de su propietario, Gustavo Buesa Ibáñez, ya tenía la concesión del servicio de residuos en Lloret, y los grupos de ERC e ICV-EUiA se opusieron a la nueva concesión argumentando que esta era precipitada, ya que se podía haber prorrogado sin necesidad de concurso durante un año más, a la espera de que el equipo de gobierno salido de las elecciones convocara un nuevo proceso de adjudicación.

La adjudicación del servicio de basuras a la empresa GBI se aprobó finalmente con los votos favorables de los grupos de CiU, PSC, PP y los independientes GRILL, en vísperas de las elecciones de las que salió un nuevo alcalde convergente, Romà Codina, porque Crespo no volvió a presentarse. La Fiscalía investiga también el papel del interventor en este proceso de adjudicación supuestamente irregular, dado que el mismo informe de la Agencia Tributaria revela también presuntos pagos de GBI al hijo de ese cargo, al que corresponde el control y la fiscalización de las cuentas y las operaciones municipales.

GBI Serveis fue la única empresa que presentó una oferta, lo que fue criticado por los grupos de ERC e ICV-EUIA, que sostuvieron que de esta forma se había evitado una puja entre empresas que permitiera rebajar el precio de la concesión.

De hecho, de acuerdo con las bases del concurso de adjudicación, el presupuesto de licitación se situaba en 7.995.185 euros anuales (sin contar el IVA), que podrían haberse modificado a la baja, aunque finalmente la oferta final se quedó en 7.918.054 euros (IVA aparte). La concesión incluía la gestión del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, centro de recogida de residuos, limpieza de playas, mantenimiento y limpieza de áreas de recreo y gestión del depósito controlado de escombros de Lloret de Mar.

Precisamente, la sospechosa adjudicación "in extremis" de ese contrato municipal fue una de las cuestiones que el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo planteó ayer a Crespo, en su interrogatorio como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que se prolongó durante cinco horas.

En esa declaración, el diputado se limitó a señalar que los únicos pagos que recibía su familiar procedían del club de hockey de Lloret De Mar en el que jugaba, que fue patrocinado por el supuesto mafioso ruso Andrei Petrov.

En su interrogatorio, Bermejo preguntó también a Crespo por una salida de importantes cantidades de dinero de su familia con destino a las islas Caimán en el año 2002, que revela otro informe de la Agencia Tributaria que obra en poder de la Fiscalía. Dicha salida de dinero al paraíso fiscal de las Caimán obedece a una operación en valores representativos de empréstitos, según el informe de Hacienda, que por el momento no ha detectado otras transferencias similares.