El Ayuntamiento de Ciempozuelos tenía facturas guardadas en un cajón por valor de más de 12 millones de euros, que no estaban contabilizadas en el precupuesto del consistorio y que la alcaldesa del PP se encontró al llegar. Como en Ciempozuelos, 3.753 ayuntamientos contrataban obras y servicios sin imputarlos a ningún presupuesto. En total, 1.012 millones de euros.
Una práctica habitual que conocemos ahora porque esos consistorios se han acogido al Plan de proveedores y han sacado las facturas de los cajones para que hacienda las pagara. En Ciempozuelos, por ejemplo, el 81% de las facturas pendientes de pago eran ocultas. En el Ayuntamiento de Arrecife, el porcentaje ha sido del 68% y en Sevilla, antes gobernada por el PSOE, la mitad de las facturas estaban ocultas.
Las cifras las ha desvelado en un informe el Tribunal de Cuentas. El organismo dice que esta forma de actuar puede esconder adjudicaciones a dedo o maquillaje de las cuentas. El Tribunal de Cuentas advierte también de que esto podría comprometer el déficit, contradiciendo así a Montoro, que ya negó esta posibilidad. El órgano fiscalizador también habla de depurar responsabilidades. El fiscal del Tribunal de Cuentas investigará si estas prácticas constituyen un delito contable o penal.