Valencia, por ejemplo, prevé alquilar durante 20 años decenas de hectáreas por un precio que suena ridículo: 23.000 euros al año. Quienes lo alquilen podrán usarlo para organizar cacerías y aprovechar la madera.

La Generalitat de Alberto Fabra quiere poner puertas al campo. Sacará a subasta 5 montes públicos, de todos los valencianos para beneficio de unos pocos. Una privatización, disfrazada de alquiler, que la Ley de Montes prohíbe.

"Nos llama la atención que no haya salido ya el Ministerio de Medio Ambiente que a decir que los montes de utilidad pública no son tocables en este país", explica Juan Carlos Atienza, director de Consevación de SEO/BIRDLIFE.

El diario de Levante publica los espacios forestales que salen a concurso, y el precio del canon anual es casi un regalo. Por 23.500 euros, barra libre para exprimir el terreno: madera, pastos, cotos de caza, turismo. Según los ecologistas es una barbaridad.

Los vecinos de las localidades más cercanas denuncian que la gestión forestal quede en manos de particulares, pero la subasta de Fabra se queda corta comparada con la que planea el Gobieno de Cospedal. No pretende alquilar, sino vender. De momento la presidenta de Castilla La Mancha ya ha pedido un informe sobre 50 montes públicos.

Los grupos ecologistas temen que el resto de comunidades sigan los pasos de los gobiernos de Fabra y Cospedal e intenten sacar tajada vendiendo montes públicos al mejor postor.