Es la primera vez que hablaba delante del juez Ruz de financiación ilegal, y lo hizo con detalles. Bárcenas confirmó cada uno de los apuntes de una contabilidad B que reconoció como suya, y de la que aportó abundante documentación tanto física, como en un pendrive con información que extrajo de ordenadores de la calle Génova.

Uno de esos documentos, según publica 'El Mundo', es éste: un cheque al portador fechado en 1990 por la constructora Ginés y Navarro por un importe de diez millones de pesetas. Algo que sustentaría la versión de Bárcenas de que ese sistema de financiación se mantenía desde la década de los 90, hasta sus tiempos de tesorero.

Según la nueva versión de Bárcenas, durante su etapa de gerente y tesorero, los grandes constructores de este país se personaban en la sede del partido tras cerrar la cita con el presidente o secretario general. Se ingresaba el dinero en la caja fuerte, y se sellaba la operación con una comida.

El extesorero detalló que ésos pagos o donaciones se realizaban en billetes de 500 euros y que superaban los límites legales, establecidos en 60.000 euros hasta 2007 y en 100.000 desde entonces hasta hoy.

Pero aunque Bárcenas intentó proteger a esos empresarios negando que tuvieran ningún otro interés que no fuera dar su apoyo al partido, lo cierto es que casi todos ellos se adjudicaron contratos públicos durante los gobiernos del Partido Popular. Algo expresamente prohibido por la ley.

En su declaración sobre la presunta financiación ilegal del partido acabó señalando directamente a Rajoy. Habló de una donación de 300.000 euros del empresario Juan Miguel Villar Mir en plena campaña electoral de 2011. Algo que éste siempre ha negado. Según Bárcenas, el constructor puso mucho interés en que Rajoy lo supiera y éste derivó el asunto al entonces nuevo tesorero, José Manuel Romay Beccaria.