La libertad de expresión protegerá a los catalanes que participen con independencia de quién lidere la consulta. Pero las cosas cambian cuando se habla de los organizadores. Los expertos aseguran que, de interpretarse que está dirigida por la Generalitat, quienes formen parte de la organización, a efectos de la ley, sí incurrirán en delito.
"Omitir las normas que se han dictado en este caso la resolución que ha dictado el Tribunal Constitucional implicaría un delito. La participación de funcionarios públicos implicaría un delito de desobediencia”, señala el abogado Ignacio Fuster, de Fuster Fabra Abogados.
Participar en la organización, además, tendría peores consecuencias para los funcionarios. Ignacio explica que “los ciudadanos tendrían una multa y en este caso los funcionarios tendrían una multa con una inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones”.
Pero en la práctica, expertos en Derecho aseguran que los jueces no perseguirán a quienes formen parte de la organización porque no es una consulta oficial. “Sean o no funcionarios los que participen, en principio no habría una relevancia penal, cosa distinta es que se produzca algún tipo de altercado o incidente”, cuenta Ignacio.
Los penalistas subrayan que si todo transcurre con normalidad no cabe la intervención de los mossos, al menos sin una orden judicial.