El diputado del PP Alberto Casero ha declarado voluntariamente hoy en el Tribunal Supremo como investigado por las adjudicaciones irregulares de cinco contratos públicos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).
Según fuentes de su defensa, el popular ha admitido la existencia de irregularidades administrativas por divergencias con lo que exigía la intervención del Ayuntamiento, aunque ha señalado que no llegan a los requisitos exigidos por el tipo penal de la prevaricación o la malversación.
A su salida del Supremo, el propio Casero ha defendido la legalidad de su actuación y ha asegurado que no tiene "nada que ocultar". "Creía que podía aportar cuestiones nuevas para aclarar dudas y a partir de ahora, a esperar a la justicia", ha señalado.
"Todo está explicado con absoluta normalidad. Era solamente mi declaración. No he aportado documentos. No voy a entrar en el fondo del asunto", ha dicho.
A finales de marzo, la Sala de lo Penal dictó un auto en el que acordaba la apertura de la causa según la exposición razonada elevada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) por un presunto delito de prevaricación, si bien la Fiscalía ve indicios también de malversación.
El Juzgado de Trujillo abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.
Será el Supremo el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano (2011-2019), adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio, como relata el escrito de la jueza, que respalda la fiscalía del Supremo.