El 23 de febrero de 1981, la por entonces diputada por UCD, Nona Inés Vilariño, salía del Congreso tras el golpe de Estado. Ella fue de los primeros parlamentarios aforados de la Democracia. “Podían tener el peligro de rozar siempre en su actividad lo que algunos podían considerar un exceso”, afirma.
Había que protegerles de las injerencias de otros poderes. Pero los casos de corrupción y el aumento vertiginoso del número de aforados ha acabado por desvirtuar esta figura. De 600 se ha pasado a más de 17.600 aforados en toda España. Además de miembros del Gobierno, Congreso y Senado, se añaden aforados en la Justicia, Autonomías, los reyes y su heredera.
“No es el tribunal que tocaría conforme a las reglas generales, sino un tribunal específico. Eso es lo que es un aforamiento”, explica Manuel Cancio, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
UPyD ha pedido la anulación de este privilegio. Andrés Herzog, abogado del partido, señala que “te juzga un juez amigo, un juez que tú has nombrado”. El Partido Socialista sí quiere reducirlos pero no concreta. “La reflexión es compartida por la mayoría de los partidos y es que hay que reducirlos”, afirma Merixell Batet, diputada del PSOE.
Para reducir el número de aforados en España se necesitaría un gran consenso entre partidos políticos. Habría que modificar la Constitución Española. El Congreso custodia el primer ejemplar de la Constitución de 1978 donde aparece la figura del aforado. En ese momento nadie pensó que los casos de corrupción entre los políticos llegaran a cuestionar esta figura.
“Ahora todos los casos chocan con uno o varios aforados y eso no puede ser”, dice Nona Inés. Para ella, la ley no puede obviar que los casos han cambiado.