La imputación del expresidente francés Nicolas Sarkozy por presunto abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt mereció la calificación de "terremoto político" y fue rechazada por "escandalosa" por el imputado.

La imputación, que tiene que ver con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó al poder en 2007, revela un "trato peor" contra el político conservador en comparación con otros ciudadanos, alegó su abogado, Thierry Herzog.

"Nunca ha pedido que se le trate mejor que a nadie, pero tampoco que se le trate peor", declaró el abogado, quien añadió que el expresidente "considera que el tratamiento que se le ha infligido" por parte de la justicia es "escandaloso".

De auténtico "seísmo" fue calificada la imputación desde el partido de Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y para el exprimer ministro François Fillon, que aspira a hacerse con las riendas del partido conservador, en la oposición, se trata de una decisión "injusta y extravagante".

"No llego a comprender los motivos de esta imputación", alegó por su parte el presidente de la UMP, Jean-François Copé.

Hasta la decisión del juez de instrucción de Burdeos Jean-Michel Gentil, el expresidente había mantenido el estatus de "testigo asistido", pero eso cambió el jueves por la noche tras nueve horas de comparecencia en el Palacio de Justicia de esa ciudad del suroeste francés.

De confirmarse los hechos, Sarkozy podría verse condenado a tres años de cárcel, 375.000 euros de multa y cinco años inhabilitación.

La imputación llega además cuando Sarkozy mantenía sus preferencias entre el electorado para un hipotético regreso a la jefatura del Estado en los comicios de 2017 en un momento en el que la popularidad del actual presidente, el socialista François Hollande, alcanza mínimos históricos.

El juez Gentil -de quien hoy la prensa destaca que aspira por su parte al cargo de abogado general en el Tribunal de Apelación de París-  sospecha que Sarkozy pudo aprovecharse de los problemas mentales de la mujer más rica de Francia, de 90 años hoy, quien sufre una "demencia mixta" y mal de alzhéimer en un "estado moderadamente severo" desde 2006.

La suposición de que pudo beneficiarse de Bettencourt parte del testimonio de la antigua contable de la anciana, Claire Thibout, quien en 2010 declaró a la policía que, tres años antes, el administrador de la familia, Patrice de Maistre, le pidió 150.000 euros en efectivo para entregárselos al entonces tesorero de la campaña electoral de Sarkozy, Eric Woerth.

La sospecha se reforzaba por el hecho de que, según daban a entender agendas confiscadas en el despacho y el domicilio de Sarkozy, éste se reunió varias veces con Bettencourt y mantuvo otras tantas citas con otros protagonistas del caso en fechas clave del mismo.

El expresidente asegura que solo se reunió una vez con el difunto marido de Bettencourt en su domicilio pero testimonios del personal de los dueños de L'Oréal de los que se hace eco la prensa gala indican que Sarkozy se pudo ver varias veces con la ahora viuda, en escenas que los medios comparan con situaciones propias de un vodevil.

El caso se destapó por casualidad dentro de una investigación paralela por una disputa familiar llevada a los tribunales por la hija de Bettencourt, Françoise Meyers, y Sarkozy es la decimoséptima persona imputada en el mismo.

Este caso ha convertido a Sarkozy en el segundo presidente en comparecer ante la Justicia a su salida del Palacio del Elíseo, después de que su antecesor, el también conservador Jacques Chirac, fuera condenado en 2011 a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por un caso de corrupción y financiación ilícita de partidos.