El exdirigente Luiz Inácio Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haberse beneficiado de la red corrupta que operó durante décadas en la petrolera estatal Petrobras. El juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, aprobó que Lula recibió unos 700.000 dólares en sobornos materializados en la reserva y reforma de un lujoso apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
La sentencia, para la que cabe recurso en segunda instancia y por tanto puede ser revertida, convirtió a Lula en el primer expresidente del país condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia, en 1985. La convocatoria del 20 de julio es la primera a nivel nacional para apoyar a Lula y en ella participa la Central Única de los Trabajadores, la mayor unión sindical del país, así como movimientos sociales y algunos partidos políticos, entre ellos el PT, en el que el líder participó de su fundación en 1980.
Desde el miércoles pasado, simpatizantes del que fuera presidente de Brasil entre 2003 y 2010 han organizado actos esporádicos en las calles de Sao Paulo, donde Lula afirmó la víspera que el fallo no dice "absolutamente nada" y "tiene un componente político muy fuerte". En paralelo a esos actos, el PT puso en marcha una campaña en las redes sociales con la etiqueta "#LulaInocente" para mostrar su apoyo al político.