India y Sudáfrica reclaman a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión temporal de las patentes de las vacunas y tratamientos contra el coronavirus, incluidos test de diagnóstico. Esta suspensión permitiría a los países en vías de desarrollo poder acceder a la vacuna, ya que se permitiría la fabricación por cuenta propia. En este sentido, Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, señala que "si tienen la fórmula para producir, pueden organizar sus propias fábricas de producción sin tener que depender de los países ricos".
Los dos países cuentan con el respaldo de 99 países y 400 organizaciones internacionales, aunque la propuesta no saldrá adelante porque la Unión Europea, incluida España, Estados Unidos, Australia, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón y el Reino Unido se oponen a la exención. No están de acuerdo en permitir que copias de estos productos puedan empezar a producirse en otros países, a gran escala y precios inferiores. En lo referente al Gobierno español, este argumenta que las patentes no van a ser un obstáculo para el suministro y la distribución de las vacunas.
Sin embargo, no se trataría de una medida permanente, sino excepcional, hasta que se alcanzase una cobertura de vacunación que garantizase la inmunidad colectiva, que se conseguiría vacunando a en torno al 70% de la población mundial. Maribel Tellado, responsable adjunta de campañas de Amnistía Internacional, critica que esto representa "el nacionalismo de las vacunas, que dice que las vacunas de mi país para mí y yo primero con mis vacunas".
Las organizaciones internacionales reclaman una solución global
Mientras, las organizaciones internaciones reclaman una solución global, ya que recuerdan que se trata de una pandemia global. Sin embargo, la brecha de la adquisición de vacunas no para de crecer: ya se han reservado más vacunas que habitantes tiene el planeta, aunque los países ricos han hecho acopio por encima de sus necesidades.
Cerca de 70 países no van a poder vacunar a nueve de cada diez personas"
Por ejemplo, Canadá podría vacunas hasta seis veces a su población y en Reino Unido, sus habitantes podrían ponerse la vacuna hasta en cinco ocasiones. Mientras, al otro lado están los países en desarrollo: "Cerca de 70 países no van a poder vacunar a nueve de cada diez personas", critica Maribel Tellado.
Por este motivo, las ONGs reclaman que el dinero público que se ha invertido en la investigación para encontrar una vacuna revierta en la sociedad porque, defienden, de ello depende la salud de los ciudadanos y la Economía: "La reapertura de las economías depende de que haya una vacuna disponible, universal y accesible", defiende Tellado.
Covax, una iniciativa para facilitar vacunas a países en vías de desarrollo
En sentido contrario trabaja Covax, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud junto a entidades privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates, que quieren facilitar vacunas a los países en vías de desarrollo por debajo del precio de mercado. Su objetivo es disponer de 2.000 millones de dosis a finales de 2021.
La OMC no consiguió ponerse de acuerdo en torno a la propuesta
Los países miembros de la OMC no consiguieron ponerse de acuerdo en torno a la propuesta que India y Sudáfrica plantearon el pasado 2 de octubre, que permitiría copiar todas las tecnologías para luchar contra la COVID-19. India y Sudáfrica ya tienen experiencia en peticiones similares, ya que hace dos décadas consiguieron reducir el precio de los tratamientos contra el sida en un 90%, después de que se aprobase el dejar sin efecto los derechos de propiedad intelectual sobre dichos tratamientos.
El plazo estipulado en las normas de la OMC para que los países cierren este tema concluye a final de 2020 y el único acuerdo alcanzado hasta ahora ha sido extender este plazo, sin concretar durante cuánto tiempo, algo que será comunicado la próxima semana al Consejo General de la Organización. El sistema internacional vigente permite que las compañías recuperen sus inversiones en investigación con la explotación de patentes que les garantizan un monopolio durante 20 años o más.
Sin embargo, en este caso se trata de una situación inédita, ya que la gran mayoría de investigaciones para encontrar tratamientos contra el coronavirus no los han financiado empresas, sino que se ha pagado con dinero público. Actualmente, la OMC cuenta con una disposición que permite a un país dejar sin vigor una patente en caso de emergencia sanitaria, pero este procedimiento solo puede aplicarse a un producto a la vez y para el mercado interno.