El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de los gobiernos de Canaria, Cataluña y País Vasco contra los ajustes educativos y sanitarios.
En general, los recursos aducen inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos leyes para los ajustes en educación y sanidad, e invasión de competencias.
La norma sobre educación, aprobada en abril de 2012, prevé medidas como aumentar un 20% el máximo de alumnos por aula, una jornada lectiva mínima del profesorado de entre 20 y 25 horas en la educación obligatoria y una subida de tasas universitarias.
Respecto a esta última medida propuesta, las comunidades autónomas podrán elegir si quiere que los alumnos paguen entre el 15% y el 25% del coste de los estudios.
El decreto ley de medidas sanitarias, aprobada también en el mismo mes, reforma las condiciones del "copago" farmacéutico, que se extendía a los pensionistas y retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
