La Comisión Europea ha iniciado una radiografía de los desahucios para saber qué medidas llevan a cabo los Estados miembro y diseñar así actuaciones para combatir esta lacra social, según ha explicado el coordinador del informe en España, Sergio Nasarre.
La Universidad Rovira i Virgili, la National University of Galway, FEANTSA y Human European Consultancy coordinarán el primer estudio oficial de la Comisión Europea en relación a la promoción del derecho a la vivienda en los países miembros y las consecuencias de los desahucios. La propuesta ha sido la ganadora de la convocatoria de la Dirección General de Trabajo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, está dotada con un millón de euros y el calendario del proyecto es de dos años.
Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la URV y responsable del grupo de investigación de acceso a la vivienda de esa universidad, supervisará los trabajos de los países del arco mediterráneo los más afectados por la crisis , y será el autor del informe oficial para España. En total, ha explicado Nasarre, trabajarán 28 expertos y cuatro coordinadores para "analizar las causas sociales, económica y financieras de la crisis, su realidad actual, sus consecuencias y la soluciones propuestas por cada país miembro".
En una primera fase del estudio se recogerá información y en la fase final se expondrán las conclusiones ante la comisión para que "puedan tomar las decisiones políticas más oportunas". Una de las principales dificultades para radiografiar el problema, según el catedrático, es la falta de cifras fiables, que "hablan desde 40.000 a 800.000 desahucios en España". Uno de los indicadores más objetivos es la "tasa de morosidad, que en el Estado es del 6%, lo que significa que un 94% de las familias paga puntualmente su hipoteca".
Pero, advierte Nasarre, las cifras de desahucio incluyen los impagos de alquiler, que según los datos que maneja supone el "60% del total y eso que España es uno de los países con menos índice de alquileres, un 12 %". Otra cifra objetiva de partida es que España tiene uno de los índices más bajos de vivienda social de la Unión Europea, "un 2% respecto al 32% de Holanda, por ejemplo" y por eso "no se entiende que, pese a la poca que hay, haya rumores de privatización", señala.
Una de las medidas antidesahucios que sí han funcionado bien en España, señala el catedrático de Vivienda, "es el mínimo de embargabilidad, una medida que seguramente será extrapolable al resto de estados miembro". En cambio, el código de buenas prácticas bancarias "tiene unos resultados prácticamente inapreciables, no ha sido una buena medida", añade.
La confusión de las cifras que quiere aclarar el trabajo de investigación también alcanza el número de viviendas vacías, ya que "se habla de 3,5 millones, pero el punto de partida suele ser el catastro, que es una fuente poco fiable porque no está bien actualizada". El estudio tendrá más en cuenta indicadores como "los suministros, que reflejan si un piso está o no habitado mediante los contadores de la luz, por ejemplo".
Otra dificultad añadida es que "se sabe, por los técnicos de Hacienda, que un 55% de los alquileres en España es en negro, así que no sabemos cuántos desahuciados ocultos hay". Con cifras fiables o no, que el trabajo intentará confirmar, la "realidad en vivienda en España es muy compleja: un mercado de alquiler saneado y atractivo sería toda una alternativa para las familias, pero las leyes aún desprotegen más al inquilino".
En paralelo a la investigación para que la Unión Europea pueda tomar medidas comunitarias de choque contra los desahucios, la URV participa en otra investigación con seis países para hallar fórmulas intermedias entre la propiedad y el alquiler. "La alternativa pueden ser las llamadas tenencias intermedias, que consisten en comprar una vivienda parcialmente o por un tiempo determinado, lo que permite disfrutar de la vivienda por ese período pero, una vez vencido, vuelve otra vez al propietario original", señala.
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