Todos los grupos del Congreso han llegado este lunes a un acuerdo para que los 120 millones comprometidos a comunidades autónomas y ayuntamientos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incluyan finalmente en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.
A través de un texto transaccionado, los partidos de la Cámara pretenden incluir en los presupuestos la transferencia de esa cantidad a administraciones regionales y locales. El objetivo, tal y como se recoge en el acuerdo, es que estas dispongan de los fondos para aplicar las medidas que en él se incluyen para luchar contra esta lacra.
Se trata de una demanda que socialistas y otros grupos de la oposición venían reclamando desde que se presentaron las cuentas, el pasado abril. En concreto, denunciaban que la cuantía prometida para las administraciones regionales (100 millones) y locales (20 millones) no estaban recogidas en una partida finalista, tal y como se especificaba en el pacto.
El Gobierno, por su parte, defendió que las comunidades debían cumplir con el Pacto a través de sus propios recursos aprovechando los fondos de la financiación autonómica. Según explicó la propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, estos recursos aumentaron en el proyecto de 2018 precisamente para que las administraciones pudieran ejecutar estos compromisos.