Unidas Podemos ha presentado en el Congreso una propuesta para limitar el uso de las pistolas de descargas eléctricas –conocidas como táser–, un arma disuasoria implantada ya en varias policías municipales y en los Mossos d'Esquadra y que han comenzado a repartirse entre las unidades de la Policía Nacional. El fin de la propuesta –hecha por un partido que forma parte del Gobierno– es, según UP, "evitar riesgo de tortura o penas inhumanas". La proposición está firmada por Enrique Santiago, diputado y abogado.
Al releer la noticia, difundida por Europa Press, imaginaba a quienes redactaron la propuesta recreando en sus calenturientas mentes oscuros cuartos de comisarías en los que un grupo de uniformados, con el aliento apestando a alcohol y fumando tabaco negro, se daba un festín con un detenido dándole gusto al gatillo de las táser: "¡Dale más voltios, que aún no huele a carne quemada!", "otra descarga, a ver si empieza a tostarse"… Algo así debía estar en el magín de los redactores de la singular iniciativa parlamentaria, que contiene más perlas: piden que no se emplee "contra determinados colectivos", y citan a "menores de edad, personas con alteraciones emocionales o incapacidad mental o física, o personas bajo el efecto de las drogas".
El reglamento de la Dirección General de la Policía sobre el uso del inmovilizador eléctrico –ese es su nombre oficial– lo componen ocho folios en los que se deja muy claro cómo, en qué casos, contra quién y contra quién no se puede emplear esa arma. Me consta que el diputado Santiago conoce lo que hay en la calle y seguro que sabe que las pistolas táser permiten reducir a una persona que suponga una amenaza para la policía o para los ciudadanos sin necesidad de emplear un arma de fuego o sin romperle el lomo a porrazos. Su uso es especialmente recomendable y efectivo en supuestos como los que la propuesta de Unidas Podemos pretende excluir: personas con enfermedades mentales y bajo los efectos de las drogas. Ni unos ni otros suelen entrar en razón cuando un uniformado les intenta reducir y el diálogo no resulta casi nunca efectivo.
Además, el uso de estas armas está perfectamente protocolizado y fiscalizado, tanto como el de las armas de fuego reglamentarias. Si un agente las dispara (funcionan con cartuchos que llevan una sonda que provoca las descargas) tiene que justificar su uso, no solo ante sus superiores, sino ante la autoridad judicial –hay ya un modelo de diligencia de uso de inmovilizador eléctrico– y la Dirección General de la Policía recomienda grabar el desarrollo de las acciones en las que se empleen.
Me sorprende que el abogado y diputado Santiago no conozca todos estos detalles del reglamento de la Dirección General de la Policía. Una llamada al Ministerio del Interior habría bastado para poner fin a sus fantasías sobre salas de torturas en los sótanos de las comisarías y policías que se dedican a achicharrar con sus táser a los detenidos. Estoy seguro de que los 70.000 hombres y mujeres que componen la Policía Nacional agradecerían al diputado Santiago y a su formación política que se preocupe de los problemas reales de un colectivo que no merece pasar por semejante sonrojo.