Los habituales de esta ventana por la que me dejan asomarme una vez por semana los compañeros de lo digital conocen bien el escepticismo que gasto con los políticos de todo color: no me fío de ninguno y mi desconfianza se multiplica cuando pisan el terreno que mejor conozco, el de todo lo que está catalogado en el Código Penal. Sucesos y políticos maridan mal y a estos se les ven con facilidad las costuras cuando se enfangan en los lodazales por los que transitamos los reporteros de crónica negra.
Hace unos días volvió a ocurrir. La Jefatura Superior de Policía de Madrid difundió la noticia de la detención de 37 personas –ocho de ellas acabaron en prisión– y el rescate de diez menores que eran obligadas a prostituirse y a traficar y consumir drogas.
La operación Sana, llevada a cabo por la UFAM de la Brigada de Policía Judicial, culminó hace más de un mes, pero no se difundió hasta que se levantó el secreto sumarial. Varias –al menos tres– de las menores rescatadas, casi todas ellas de origen dominicano, estaban en centros de régimen abierto de la Comunidad de Madrid, algo que el gobierno autonómico negó en un primer momento, cuando se conoció la operación, como si se acabasen de enterar de las detenciones que, insisto, se habían producido un mes antes.
Como la realidad es tozuda y suele caer a plomo sobre quien la tergiversa, la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, reaccionó horas después y reconoció que sí, que tres de las chicas esclavizadas estaban bajo la tutela de la administración madrileña. Además, prometió comparecer en la Asamblea para dar las explicaciones pedidas por la oposición. Bien por ella por darlas y bien por los otros, por pedirlas.
Pero no se dejen engañar por los inflamados y vacuos discursos políticos: ni a unos ni a otros les interesan absolutamente nada las niñas rescatadas por la UFAM. Como tampoco les interesaban las prostituidas en Baleares, comunidad en las que muchas más menores bajo amparo del gobierno autonómico cayeron en redes de proxenetas.
Es todo pura hipocresía y sobreactuación en busca del aplauso de los suyos o del like y el RT en las redes sociales, el triste sucedáneo del debate público. Lo pueden comprobar fácilmente: los mismos medios que con una saña digna de mejor causa pedían explicaciones al gobierno balear han pasado de puntillas por la operación Sana.
Y medios y periodistas que jamás hablaron de las niñas prostituidas en las islas ni de ningún otro suceso se han convertido en hipócritas ángeles de la guarda de las pobres crías liberadas en Madrid. Afortunadamente, hay quien sí veló por ellas. No son políticos ni periodistas, son un puñado de hombres y mujeres que durante meses se encargaron de destapar el horror que se escondía en el sótano de una peluquería o entre las paredes de un narcopiso. Son los policías de la UFAM.
