La estrategia del lawfare es menos llamativa y ostentosa que ver a Pavía entrando en el Congreso a caballo con la espada enhiesta, pero tiene unos métodos de efectividad parecidos aunque más sibilinos. La ofensiva conjunta de la extrema derecha parlamentaria en conjunción con el integrismo de la judicatura alcanzó ayer un nuevo episodio en el interior de Congreso con el objetivo de disciplinar a ese gobierno socialcomunista que no se deja controlar.
La condena, sin pruebas, al diputado Alberto Rodríguez y el intento de inhabilitación como diputado es la última estrategia de la judicatura para influir en la legislatura. Marchena no lleva bien que haya estructuras del Estado que quedan lejos de su cometido y ya ha perdido la compostura para hacerlo evidente. La carta del magistrado del Tribunal Supremo para intentar enmendar la plana a la decisión del Congreso, tras el informe de los letrados, para que suspendan al diputado de Unidas Podemos es imprudente hasta para un juez que hace tiempo que perdió la apariencia de independencia. Ni las vergüenzas tiene escondidas a estas alturas.
Meritxell Batet ha sido sensible a las presiones, que en algunos casos han podido adquirir el nombre de advertencia legal al poner sobre la mesa de manera subrepticia el nombre de Carme Forcadell. La cercanía personal de Batet con la judicatura, con Marchena incluido en ese círculo, y que no es una persona excesivamente corajuda a la hora de poner pie en pared ante los desmanes del Deep State, le llevó a pedir que constara en acta que ella estaba a favor de la suspensión del diputado de Unidas Podemos. Para curarse en salud y dejar que la ofensiva antidemocrática se apuntara un nuevo punto con tal de salvarse de posibles acciones judiciales, que es consciente de que tienen visos de prosperar con una parte de la judicatura echada al monte.
Batet tuvo que rectificar por exigencia de PSOE y Unidas Podemos que se amparan en el informe de los letrados. Informe que es meridianamente claro al explicar que la condena fui sustituida por una multa y lo que es más importante: que la condena de inhabilitación para el sufragio pasivo no conlleva la perdida del cargo en curso, sino la imposibilidad de presentarse para cargo público en el tiempo que transcurre la condena impuesta. La perdida de escaño hubiera sido inmediata con una condena de inhabilitación para cargo público, algo a lo que el Tribunal Supremo de Marchena no le condenó. Que el Tribunal de Estrasburgo no es tan sensible a las presiones.
El juez Marchena tiene muy sencillo influir en el legislativo. Se conoce la ley, la separación de poderes y el ordenamiento constitucional, simplemente tiene que colgar la toga, dejar su tribunal, presentarse a unas listas para el Congreso y que los ciudadanos le voten. En VOX estarán tristes porque perderán un gran activo en los tribunales, pero creer en la democracia es respetar sus procedimientos. Aunque seas juez del más alto tribunal y te creas que esas cosas son solo para la plebe. El golpe togado de lluvia fina sigue su curso.
