Las críticas a la Ley de Seguridad Ciudadana han surtido algo de efecto. El ministerio del Interior se ha llevado de rebajas a su anteproyecto de ley, y ha suavizado algunas de las multas.
Desde el Gobierno, han vuelto a insistir en la necesidad de esta ley. "Tenemos que garantizar los derechos y libertades de aquellos que se sienten agredidos por conductas que son contrarias al orden público", ha asegurado el ministro de Justicia.
Interior ha reconsiderado la gravedad de algunas infracciones, reduciendo así la cuantía a pagar. Es el caso de las protestas no comunicadas frente al Congreso, que dejan de considerarse muy graves para ser sólo graves.
Para la oposición una rebaja es insuficiente. "Es reprimir el derecho de la gente a manifestarse contra una realidad que para muchos es terrorífica", ha señalado Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE.
También saldrá más barato insultar a la Policía o tomarles imágenes que atenten contra su honor o seguridad. Pasa a ser una infracción sólo leve, eso sí, con hasta 1.000 euros de sanción.
No obstante, el grueso de la ley se mantiene. Sigue considerándose muy grave perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos o religiosos; así como manifestarse en lugares como estaciones, aeropuertos o centrales energéticas.
Continúan sancionándose de forma grave, entre otras: alterar el orden encapuchado, escalar edificios públicos u obstaculizar la calle como protesta. El documento, en definitiva, mantiene su esencia: castigar a golpe de multa.