El expresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros que permanecen en prisión por su implicación en el 'procés', alegarán previsiblemente en su declaración en el Tribunal Supremo, algunos de los compromisos que adquirió la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el pasado día 9 durante su comparecencia y que facilitaron su excarcelación.
La aforada manifestó ante el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena que acataba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, dio un valor simbólico a la DUI y renunció a la unilateralidad en el proceso independentista, estrategia que se conoce como 'vía Forcadell'.
Por el momento, en los escritos que han remitido ante la Audiencia Nacional como ante el Tribunal Supremo, los exmiembros del Govern afirman acatar el artículo 155.
Junqueras y los exconsejeros de ERC le dieron a la DUI un carácter político, omitieron referirse expresamente a la vía unilateral para alcanzar la independencia y se limitaron a señalar que defenderán sus convicciones políticas por las vías del diálogo y la negociación.
Esta es la estrategia que seguirán, según han informado fuentes de la defens, para lograr que el magistrado instructor Llarena modifique su actual situación procesal, que les mantiene en prisión desde el pasado 2 de noviembre, y acuerde su libertad, aunque sea bajo fianza. En principio, no entrarán a analizar el fondo del asunto sino que responderán únicamente a las preguntas relacionadas con su situación personal haciendo hincapié en que no habrá reiteración delictiva.
Con todo es previsible que los exconsejeros de ERC (Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa) respondan únicamente a las preguntas de sus letrados, como ya hicieran en su declaración ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que comenzó instruyendo la investigación.
En la misma línea se prevé que se mantengan los exmiembros del gobierno catalán Josep Rull, Jordi Turull y Josep Forn quienes solicitarán su excarcelación al entender que no se cumple ninguno de los supuestos de la prisión preventiva decretada para todos ellos por Lamela el pasado 2 de noviembre.
El magistrado Llarena ha citado a los ocho miembros del gobierno cesado (ya que el resto se encuentra fugado en Bruselas) y a los líderes de ANC y Omnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, también en prisión por delito de sedición en relación con los incidentes de Barcelona del 20 y 21 de septiembre en los registros por el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.