El Consejo Europeo pide, además, que las comunicaciones entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado sean públicas y por escrito, para evitar injerencias políticas.

También recrimina al Ejecutivo el sistema de elección de los miembros del CGPJ, aunque reconoce sus esfuerzos para cambiarlo. Pide que sean los propios jueces los que elijan a sus miembros.

Pero el eje de las recomendanciones de Europa se centra en los parlamentarios españoles: les pide más transparencia.

Un ejemplo serían las vacaciones pagadas del exministro Soria en Punta Cana. Para evitarlo solicita que informen públicamente de los viajes a los que son invitados y que declaren los regalos que reciban.

Además recomiendan que informen del tipo de interés al que pagan sus créditos y de los nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones.

Pone atención también al valor de mercado de sus propiedades y en la declaración de bienes de sus cónyuges. Quiere evitar las dudas sobre el patrimonio de sus parejas: como cuando la mujer de Arias Cañete se acogió a la amnistía fiscal cuando él era ministro.

Propuestas para las que España dispone del plazo de un año para cumplir lo que no hizo en cuatro.