Las maniobras de Uber, una empresa "jodidamente ilegal", para asentarse en España: un asesor de Obama se reunió con Rajoy para convencerlo

Todo empieza con un favor: "Hazme saber si quieres que le diga (o no) algo". Es julio de 2015 y Jim Messina, exasesor del presidente estadounidense Barack Obama y director de una firma de consultoría, ha cerrado una reunión con Mariano Rajoy, entonces al frente del Gobierno de España. El jefe del Ejecutivo (2011-2018) quería contar con la ayuda del estadounidense para garantizarse la victoria en las elecciones generales que iban a tener lugar a finales de ese mismo año (y que se repitieron en junio de 2016).

Messina, en buenos términos con los directivos de la aplicación Uber, escribe un correo electrónico a Mark MacGann, responsable de Políticas Públicas para Europa de la compañía, y le cuenta que tiene una reunión con el presidente español a finales de abril de 2015. Y si quiere que le transmita algo a su favor, no tiene más que pedirlo. "Sería muy útil decirle a Manuel Rajoy (sic) que podemos traer empleos e ingresos fiscales, si tan siquiera alguien en su partido nos escucha…", responde MacGann.

Esta cadena de correos, que evidencia las maniobras de la compañía con sede en San Francisco (EE.UU.) para presionar a las autoridades españolas y que permitieran su actividad en el país, forma parte de los Papeles de Uber (Uber Files), una investigación del rotativo británico The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de la que forman parte laSexta y El País.

Los más de 124.000 documentos -analizados por más de 180 periodistas- muestran el proceso de la compañía para garantizar la viabilidad de su negocio en España que, en aquel entonces, era ilegal en nuestro país. El primer embrión de la aplicación, UberPop, llegó a operar durante la segunda mitad de 2014 en Barcelona y Madrid. Así fue hasta que un juzgado de lo mercantil de Madrid decretó el cese de las operaciones. "A veces tenemos problemas porque, bueno, es que somos jodidamente ilegales", definió una directiva en los archivos a los que hemos tenido acceso.

Los 131 españoles clave

Messina se reunió con Rajoy el 30 de abril de 2015, pero las gestiones para conseguir el beneplácito gubernamental a una actividad que puso a los taxistas en pie de guerra se remontan a los pocos meses de su llegada a España. Un dossier con el que contaba la compañía de ‘ridesharing’ incluye 131 nombres claves del sector del transporte en España a los que tenían que convencer para garantizar las operaciones en el país. Entre ellos, los ministros de Empleo y Hacienda Fátima Báñez y Cristóbal Montoro; el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal; diputados, jefes de asociaciones de consumidores, directivos, gente influyente en el sector tecnológico… Todos ellos con descripción sobre su proclividad a apoyar a la tecnológica y su servicios o posibles argumentos con los que convencerlos.

La tarea no se antojaba fácil. "Para Fomento (y sospecho que para muchos miembros del Gobierno) somos los forajidos liberales del Salvaje Oeste que vienen a imponer sus políticas liberales en los mercados regulados europeos".

Uber comenzó a operar en Barcelona en abril de 2014 con el objetivo de fomentar una operación de "hechos consumados". Es decir, acostumbrar al público español a que usara su servicio para fomentar una opinión pública favorable que presionara a los distintos Ejecutivos -las competencias de Transporte se regulan en ámbitos nacional, regional y municipal- a dar el visto bueno a la compañía.

La firma, a través de una consultora de asuntos públicos, se reunió con la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen Librero. La responsable del departamento acudió a la cita, en palabras de la compañía, con "instrucciones para evitar hacer cualquier tipo de declaración política en relación con la posición del Gobierno sobre la liberalización del mercado y la adopción de políticas de ‘ridesharing’". "Carmen se mantuvo en un guion basado en el respeto a la ley y en tratar los asuntos de transporte urbano en un ámbito municipal", detalla la correspondencia. Sobre la entonces ministra, Ana Pastor, la definen como una "experimentada política", "intervencionista" y "dura negociadora". Fuentes del entorno de la ahora vicepresidenta del Congreso han respondido a preguntas de laSexta y El País que no se reunió con ningún representante de la aplicación y que no recuerda encuentro alguno, negando asimismo la posibilidad de presiones por parte de la compañía.

El informe remitido a Uber señala los siguientes pasos a seguir: convencer al resto de Ministerios económicos, como el de Empleo o el de Hacienda, de los beneficios que supondría la implantación legal del servicio en el país. La reunión supuso que unos pocos meses después, en octubre, la secretaria general de Transportes anunciara un comité interministerial para regular el asunto. Otros responsables con los que se reunieron incluyen a quien fuera secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, con el que tuvieron una cita "muy positiva". Y sí convencieron al ministro de Economía, Luis de Guindos, quien llegó a hablar de que los taxistas tendrían que "adaptarse" a los nuevos tiempos. Esta declaración fue resaltada por la consultora como un logro cuando Uber anunció el fin del contrato con el lobby.

Según fuentes cercanas a Mariano Rajoy la reunión con Messina no existió: la niegan, asegurando que nunca se vio con "intermediarios ni lobistas", ya que eran sus ministros quienes se encargaban de sus respectivos ámbitos. También descartan que el expresidente conociera a Messina a pesar de que su empresa "como otras, asesoró al PP en una campaña electoral". También Messina ha negado haber colaborado como lobista a favor de la compañía, a pesar de lo que indican los correos.

Una invitación a Mas para San Francisco

A las citadas reuniones con políticos asistían con elaborados dossieres en los que se establecen objetivos, el currículum de los responsables con los que se encontraban -por ejemplo, Jordi Sevilla, responsable económico del PSOE en 2015-, así como contexto político y los temas a tratar, con sus respectivos argumentos.

La empresa puso el foco estratégico en Cataluña, con el entonces president Artur Mas al frente de la Generalitat. Una lista de tareas de junio de 2014 señala como objetivo "conseguir que el presidente, Artur Mas, vaya a las oficinas de Uber en California durante su visita oficial". El político catalán tenía previsto un viaje a San Francisco para visitar una planta de la multinacional catalana Grífols. Pero la abdicación del rey Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI supuso un cambio de planes, según indican desde la oficina del expresident, que apuntan que no recibió invitación y que "no ha tenido ningún contacto" con responsables de la compañía.

El líder de la Generalitat no fue el único político catalán en ser contactado. En 2015 era un desconocido en el ámbito nacional, Pere Aragonès, hoy titular de la Generalitat, presidía una comisión mixta entre los departamentos de Economía y de Territorio sobre "economía colaborativa". El 20 de marzo, un responsable de Llorente y Cuenca -una de las consultoras empleadas por la multinacional- envió un correo en el que apuntaba que había hablado con él en relación a una comparecencia en el Parlament de uno de los representantes de Uber en España.