Los expertos estiman que, de seguir con el ritmo de calentamiento planetario actual, el Ártico podría quedar totalmente libre de hielo en torno a 2040 o 2050. Para entonces, poseer un pedazo de esta región dominada por un extenso y frío océano puede suponer una ventaja importante para los países que la rodean.

Desde el punto de vista social y político, la región ártica incluye territorios de ocho naciones: Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.

No es casualidad que Donald Trump insinuara en agosto que quería comprar Groenlandia (afortunadamente, no está en venta). Muchas de estos países árticos han enviado solicitudes oficiales a Naciones Unidas para reclamar su particular trocito del fondo del océano Ártico.

La reducción o desaparición de la capa de hielo en Groenlandia y de la superficie helada de las aguas de la región abriría la puerta a varias actividades con importantes beneficios económicos.

Por un lado, esta catastrófica consecuencia del calentamiento global permitiría el tránsito de barcos en una ruta comercial marítima navegable y segura. Por otro, dejaría vía libre a la explotación de las reservas de combustibles fósiles que albergan sus suelos.

Las reservas de petróleo bajo el Ártico podrían contener el equivalente a 90.000 millones de barriles de crudo. | TheOtherKev I Pixabay

Se calcula que los suculentos almacenes situados bajo el Ártico podrían contener el 13% de las reservas aún por descubrir del planeta (hasta 90.000 millones de barriles de crudo) y alrededor del 30% de las reservas de gas todavía sin extraer.

Hay quien considera que estas disputas y conflictos de intereses representan una nueva Guerra Fría (por el importante papel de Estados Unidos y Rusia) con el norte helado del planeta como tablero de juego. Pero más allá de la tajada que estos países puedan sacar, ¿es realmente posible hacerse dueño y señor de un trozo del Ártico?

Hecha la ley, hecha la trampa

Actualmente, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los estados firmantes pueden explotar los recursos del fondo marino alejados hasta 370 kilómetros de sus costas. Pero si son capaces de demostrar que las particularidades geológicas del terreno subacuático tienen relación con las de su territorio, pueden ampliar los límites de su jurisdicción.

Así, las naciones se dedican a recopilar datos que avalen este tipo de asociaciones y los presentan ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el órgano regulatorio de la ONU que decide sobre su aprobación. La mayoría de las solicitudes se refieren a la dorsal de Lomonósov, una formación geológica que se extiende bajo el Ártico y que, para varios de estos países, es una extensión submarina de sus propios territorios.

Dada su insistencia, todo apunta a que en un futuro estos estados obtendrán un pedazo de la región ártica, aunque el tamaño, poder y beneficios económicos asociados no serán los mismos. Rusia y Canadá, por ejemplo, han presentado las reclamaciones más ambiciosas, lo que les otorgará una mayor influencia en la región.

Sin embargo, el reparto del pastel no tendrá lugar a corto plazo. Por un lado, recoger y aportar todas las evidencias sobre el fondo marino no es una tarea fácil, por muchos recursos científicos y técnicos que tengan los países. Por otro, el proceso de decisión llevará un periodo de tiempo considerable que podría llevar años o, incluso, décadas.

Las futuras consecuencias de las resoluciones, cuando se resuelvan, dependerán también del escenario global que exista para entonces. Factores como la necesidad de combustibles fósiles para satisfacer las necesidades energéticas y el grado de compromiso social y político contra el cambio climático y la degradación del planeta marcarán, en gran medida, el destino del Ártico.