Punto número uno: presionar al juez. Las posibilidades de recibir una sentencia favorable son directamente proporcionales a la presión ejercida sobre tu magistrado.
La jueza del caso Pokémon de corrupción en Galicia recibió, según la policía, amenazas e insultos de uno de los imputados. Resultado: la Audiencia de Lugo prohíbe a su señoría que se ocupe de la instrucción de parte del caso porque el enfrentamiento con el acusado “puede afectar a su apariencia de imparcialidad”.
Hay presiones más sutiles. Cuando a un juzgado de Nules, en Castellón, le cayó la misión de investigar al presidente de la Diputación, Carlos Fabra no se imaginaban la que les caería encima. Uno tras otro, los jueces que se metían con el todopoderoso líder, fueron cayendo. Dos pidieron el traslado por motivos personales, dos fueron ascendidas... Así hasta nueve jueces y cuatro fiscales hasta que FAbra, tras nueve años de instrucción se sentó en el banquillo.
Uno de los jueces, Jacobo Pin, llegó a denunciar presiones de la propia Audiencia de Castellón para que cerrara el caso. El órgano encargado de investigarlo lo archivó. “Algo debe haber cuando el juez pide el amparo, es una medida que no es frecuente”, asegura el juez Gómez Bérmudez.
De juzgados pequeños que llevan casos grandes sabe mucho el juez Castro. Decidió imputar a la Infanta Cristina por el caso Nóos, pero el fiscal lo recurrió y tuvo que dar marcha atrás.
El desarme al juez
La siguiente fórmula que tiene un político para manipular a los jueces es quitarle su herramienta de trabajo principal: la investigación policial.
Desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno, Interior ha cambiado tres veces al jefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía. Primero fue Enrique Rodríguez Ulla, que investigó el ático de Marbella de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Apenas duró medio año en el cargo. Después llegó José García Losada, que se volcó con el caso Bárcenas. A los 15 meses le destituyeron.
Más ejemplos de desarme de la justicia. Baleares, meca de la corrupción política, contaba con una Unidad Especial de Investigación Judicial contra la Corrupción. No daban abasto: investigaron a Matas por el Palma Arena y a Munar por el caso Can Domenge.
Junto a la Policía, el otro enemigo de los políticos amigos de lo ajeno es la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Jiménez Villarejo la dirigió entre los años 95 y 2003. Asegura que le cesaron por cuestiones políticas.
Pon un juez en tu caso (o quítalo)
Cuando todas las fórmulas anteriores fallan, los políticos tienen aún una tercera receta de control de los jueces: directamente elegirlos ellos.
Los principales órganos judiciales en España están controlados directa o indirectamente por los partidos políticos. Pasa en el Tribunal Supremo y en el Constitucional. Su actual presidente pagaba, al menos hasta 2011, la cuota de afiliado al Partido Popular. El órgano que manda sobre todos los jueces, el CGPJ, es elegido por los dos principales partidos políticos.
Un ejemplo de cómo se elimina a jueces conflictivos es, para algunos, Baltasar Garzón. Cuando llevaba el caso más comprometedor para el Partido Popular, la Gürtel, abrieron contra él tres causas simultáneas: por ordenar escuchas a los cabecillas de la trama, por la financiación de unos cursos en Nueva York y por investigar los crímenes del franquismo.