Es la primera vez en la historia de la fiscalidad en España que se toma esta medida. Los trabajadores que pierdan su empleo tendrán que pagar el IRPF por su compensación.
Sólo se librarán aquellos con una indemnización inferior a 2.000 euros por año trabajado. Es decir, los que cobran menos de 20.000 euros anuales. El resto tendrán que tributar a Hacienda en función de su sueldo anual. Para cada caso hay un porcentaje exento.
Y además, tiene efecto retroactivo. Afectará a todos los trabajadores despedidos desde el 20 de junio. Una medida más que injusta, dicen las criticas, aunque según Montoro así acaban con el abuso de los despidos pactados.