La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desmentido a Pere Aragonès, que ha acusado al Gobierno y a AENA de utilizar la ampliación del aeropuerto de El Prat para hacer "chantaje" al Govern y de haber tenido nunca "voluntad de invertir en Cataluña y el aeropuerto".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Raquel Sánchez ha asegurado que "dos horas después de la reunión" el president de la Generalitat "se desmarcó" de lo acordado. "Cataluña es el motor económico de España y se han priorizado todas las inversiones. Ha hecho afirmaciones gratuitas que no se corresponden con la realidad", ha señalado en respuesta al líder de ERC.

También ha respondido a las declaraciones de Oriol Junqueras, que dijo hace unas semanas que el Ejecutivo de Sánchez estaba "maniobrando" pero no tenía intención de cerrar el acuerdo de la inversión. La ministra ha defendido que esto tampoco "es cierto" y ha asegurado que harán públicas las actas y las reuniones por si alguien "tiene dudas". En este sentido, ha dejado claro que "el posicionamiento ha sido transparente y nítido".

Preguntada por la postura de Unidas Podemos y, en concreto, de Yolanda Díaz, que ha indicado que el proyecto "no es compatible con la emergencia climática" y que si la Comisión Europea visitara La Ricarda "no entendería las propuestas", la ministra de Transportes ha insistido en que se ha tenido en cuenta "el respeto al medioambiente". Así, ha asegurado que el Ejecutivo no presentaría un proyecto a la UE si no supiera "que iba a contar con el aval" europeo.

En esta entrevista con Antonio García Ferreras, Raquel Sánchez ha puesto de manifiesto que "hoy no hay nada que celebrar" con la paralización de las inversiones y ha defendido de manera férrea que ha sido el Govern el que ha "roto el acuerdo y se ha desmarcado de los términos". A su juicio, "la división" en la Generalitat y la falta de consenso han hecho que el proyecto se paralice y ya no se contemple para esta legislatura.

Un informe demoledor

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laSexta ha accedido al vídeo que se ha convertido tanto para la UCO como para la defensa de los seis detenidos en la prueba principal que descartaría su implicación en el atropello que terminó con la vida de dos guardias civiles.