Antonio todavía no ha superado el trauma. Es enfermero. Una noche le indicó a un paciente que no podía quitarle los puntos en urgencias y la respuesta le dejó secuelas.
"Me pegó un puñetazo, perdí las gafas, me tiró, me metió en le despacho y me pegó en la cabeza", asegura el sanitario agredido.
Un compañero suyo, pediatra, también acabó con la nariz rota. El Gobierno está estudiando reforzar la seguridad de los funcionarios, porque las agresiones han empezado a irse de las manos. Francisco Camarillo, portavoz CSIF, afirma: "Ha habido casos en los que han entrado en una oficina de empleo con pistolas, hachas. Han incendiado oficinas de empleo".
Parte de la culpa, dicen, la tienen la crisis y los recortes. Hay menos personal y más problemas económicos. En la oficina de empleo, están hartos de recibir amenazas. "Me amenazó diciendo que algo muy malo me iba a pasar", señala Juan Francisco López, funcionario de empleo.
Para frenar las agresiones, se plantea poner mamparas, cámaras de seguridad, mostradores más anchos o timbres. Los que dan la cara se llevan la peor parte.
"Te va a caer un cáncer de mama, otro de médula y vas a durar dos años", asegura un joven. Esta maldición era para una funcionaria judicial que tenía que ejecutar un desahucio. "Tenemos una orden de desalojo", indica una trabajadora.
Son víctimas, pero también hay muchos testigos. "He visto presenciado amenazas a mi jefa, diciéndola que sabían a qué hora salía de la oficina y donde vivía", dice otro trabajador. Y sigue por un insulto, miradas desafiantes. El refuerzo de la seguridad es necesario, aunque para algunos, llega ya demasiado tarde.