Ramona y su marido acudieron hace tres años a un prestamista privado para poder esquivar a la crisis. Pidieron 19.000 euros para una retroexcavadora. Una cantidad que nunca llegaron a ver. “Lo que se nos dio a mi marido y a mí fueron 3.000 euros y ahora todo lo que nos reclaman es en arreglo a lo que supuestamente nos deberían haber dado, los 19.000 euros. Una deuda que suponemos que ascenderá a 36.000 euros.”, explica preocupada Ramona Navarrete.
Con la deuda disparada, intereses de demora al 29% y con la amenaza permanente de perder su casa con la que avaló ese crédito, se siente impotente porque la ley ampara a los prestamistas. “En España tenemos una regulación bastante deficiente de los préstamos no bancarios y lamentablemente no está habiendo controles de oficio que eviten este tipo de prácticas abusivas”, explica Carlos Javier Galán, abogado.
Son cláusulas que ante el cierre del grifo del crédito en los bancos y la urgente necesidad de metálico son aceptadas por miles de familias a las que en ocasiones se les oculta información sobre la deuda que van a contraer. “Hay algunas redes que lo que hacen es no poner unos intereses que puedan ser declarados abusivos, sino inflar artificialmente el capital”, explica el Carlos.
Esto es lo que le ocurrió a María. Ella y su marido intentaron reflotar su negocio solicitando 40.000 euros. Un año después, les dejaron ver las escrituras y llegó la sorpresa. “Los 40.000 euros no figuraban por ningún lado, eran 70.000 los pagarés no eran nada para quitar los 70.000 que había que devolver, sino que eran más intereses. Si me preguntas que deuda hay no te la podría decir”, cuenta María Yanez, prestataria.
María sin uno de sus pisos y debiendo dinero, pide a las autoridades que se acabe con la usura a través de una legislación que proteja al prestatario y limite las maniobras del prestamista.