Los exministros Jesús Posada y Celia Villalobos, cuya declaración en calidad de testigos se ha leído en la tercera sesión del juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, han negado haber tenido "intervención" alguna para autorizar los productos fitosanitarios de Naranjax.
El secretario judicial ha leído las declaraciones por escrito del exministro de Agricultura Jesús Posada, de la exministra de Sanidad Celia Villalobos y del actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
La declaración de este último se ha limitado a rafiticar lo que ya testificó en la fase de instrucción en el proceso, en agosto de 2007, aunque no se ha leído el contenido de la misma. Por su parte, Posada ha afirmado en su declaración por escrito que no conocía al empresario Vicente Vilar y que a Carlos Fabra lo conocía "como presidente de la Diputación de Castellón". Según Posada, él no tenía "intervención" en la "tramitación de los registros de productos fitosanitarios".
El exministro ha reconocido que se reunió con Carlos Fabra, junto con los entonces diputado Juan José Ortiz y senador Miguel Prim, ambos del PP, para un tema no relacionado con los fitosanitarios, aunque al final de la reunión, "Prim habló de los retrasos en la aprobación de los fitosanitarios y de las quejas de Naranjax".
Celia Villalobos ha afirmado en su declaración por escrito que conocía a Carlos Fabra como presidente de la Diputación y a Vicente Vilar porque se lo presentó aquel "como un empresario que tenía problemas con la dirección general de Salud".
Villalobos ha reconocido la celebración de una reunión con Fabra y Vilar para hablar de la tramitación de los productos de Naranjax y la "lentitud de la aprobación de los informes preceptivos de Sanidad", que debían pasar después por el Ministerio de Agricultura.
Estos retrasos se debían, según explica Villalobos en su declaración, por "falta de personal". Sin embargo ha aclarado que ella se "limitó a escuchar la información" y tras la reunión "pidió un informe para saber la razón del retraso", y ha aclarado que la tramitación y aprobación de los productos se realizaba por técnicos que aplicaban "criterios objetivos" pero "sin intervención alguna del ministro ni de carácter político".