El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, descarga en la Administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros, aseverando que Nóos no tuvo "margen negociador" con las Instituciones balear, valenciana y madrileña. 

Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa, en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un "imperium" y de "poderes exorbitantes" ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos "de forma unilateral". 

"Resulta inverosímil afirmar que los particulares imponen a las Administraciones públicas y a las diversas entidades del sector público la forma jurídica de contratación. La realidad de las cosas es bien distinta", subraya, rebatiendo de este modo las acusaciones contra él vertidas, entre otros, por la Fiscalía Anticorrupción -que reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin- y Manos Limpias -su petición se eleva a 26 años y medio-. 

En su escrito, de 86 páginas, el letrado del Duque, Mario Pascual Vives, subraya en esta línea que es la Administración contratante "la que decide cuándo, cómo, por qué y con quién contrata", y son sus servicios jurídicos "los que tienen que verificar la adecuación y precisión en el cumplimiento de lo pactado o, en caso contrario, exigir las responsabilidades administrativas que procedan". Y en este caso, asevera, "no es sólo que la Administración no haya exigido ninguna responsabilidad sino que, además, el éxito de los eventos realizados hace que la Administración lleve a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos, a fin de repetir los satisfactorios resultados que los iniciales eventos tuvieron".