La Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Javier Zaragoza, ha advertido al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, de que el escrito de acusación contra los dos mandos policiales imputados por el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el bar 'Faisán' de Irún pondría en evidencia su orden de acusar alternativamente por un delito de colaboración, puesto que este departamento discrepa de dicho criterio.
En su escrito de acusación por el chivatazo a ETA, el fiscal Carlos Bautista pide dos años de cárcel para Pamiés por revelación de secretos "y, alternativamente", cinco años de prisión por colaboración con banda armada, mientras que para Ballesteros pide un año y medio por la revelación de secretos y, "alternativamente", otros cinco por colaboración. Bautista destaca en su escrito que la acusación por el delito de colaboración la hace por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, según lo dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, del Estatuto Fiscal.
La respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la orden de Torres-Dulce no ha sido, no obstante, la más extrema. El artículo 27 del Estatuto faculta al fiscal que discrepe de su superior a llevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala. Añade que si tras oír a la Junta el superior se ratificase en sus instrucciones "lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera".
Por otra parte, las mismas fuentes apuntan que la orden dada por Torres-Dulce puede tener incidencia en la pieza principal del caso, que investiga el aparato de extorsión de ETA, pues habría que estudiar si el mismo delito de colaboración se aplica a los intermediarios de aquellos que pagaron el informe revolucionario.
Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, antes de cambiar la condición de estas personas, de testigos a imputados, se plantearía realizar formalmente una consulta sobre este asunto a la Fiscalía General. En el escrito hecho público este viernes, el fiscal pide dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.
Desde septiembre de 2011, cuando se celebró la vista en la que se estudió revocar el primer procesamiento de los imputados, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que la causa debía ser investigada en un juzgado de Irún porque los hechos investigados eran constitutivos únicamente de un delito de revelación de secretos.