El fallo judicial considera al también alcalde de Marinaleda autor de un delito de usurpación de inmueble y de otro de desobediencia grave a la autoridad e impone estas mismas penas al portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.

El alto tribunal andaluz, con sede en Granada, absuelve a ambos del delito de daños del que también estaban acusados, pero los condena, junto a otros tres procesados, a que indemnicen por vía de responsabilidad civil al Ministerio de Defensa en 760 euros por los daños y perjuicios causados, así como por los gastos de limpieza en la finca.

La Fiscalía Superior andaluza pedía siete meses de cárcel para Sánchez Gordillo (IU) por un delito de desobediencia grave, mientras que la Abogacía del Estado le pedía dos años de prisión y la defensa interesó la libre absolución al entender que los hechos no tenían relevancia penal.