Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas que en los últimos años han tenido que recurrir en más ocasiones a la prórroga de sus presupuestos, una práctica que se da especialmente en años electorales y que está directamente vinculada con la inestabilidad política. El adelanto electoral en Cataluña al no lograrse los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos de 2024 supone que la comunidad vivirá este ejercicio con los del año anterior prorrogados, la quinta ocasión en la que ocurre desde 2016.

Esta situación ya se dio en 2016, 2018, 2019 y 2021, y anteriormente en 2013. Además, desde hace catorce años, cada vez que Cataluña ha logrado aprobar sus presupuestos anuales lo ha hecho fuera de plazo -después del 1 de enero del ejercicio- salvo en 2022, cuando Pere Aragonès sacó adelante las cuentas con el apoyo de En Comú Podem. También los comunes, al abstenerse, fueron decisivos para que Quim Torra pudiera aprobar los presupuestos de 2020, apoyados por los socios del entonces gobierno bipartito de Junts y ERC, pero de validez limitada, ya que se aprobaron en abril y quedaron inmediatamente desfasados por los efectos sociales y económicos de la pandemia.

La rebaja de las entregas a cuenta decidida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obligó al presidente castellanoleonés Juan Vicente Herrera a prorrogar en 2017 los presupuestos de la comunidad, algo que su sucesor en el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo que hacer en tres ocasiones más, 2019, 2020 y 2022. Ese último año, las dificultades para aprobar los presupuestos regionales que negociaban PP y Ciudadanos -socios de gobierno- y Por Ávila, desembocaron en la ruptura del Gobierno y en un adelanto electoral en Castilla y León.

La falta de acuerdo político también estuvo detrás de las prórrogas de los presupuestos en varios años en Asturias y Navarra, las siguientes comunidades que más veces han recurrido a ellas. En el caso de Navarra, la comunidad foral tuvo los presupuestos prorrogados durante tres ejercicios consecutivos, 2013, 2014 y 2015, años en los que, tras la ruptura del acuerdo con los socialistas, Unión del Pueblo Navarro (UPN) gobernó en minoría. También un gobierno en minoría, en este caso del PSOE, y la falta de apoyos suficientes llevó a la prórroga de los presupuestos asturianos en 2016 y 2018, situación que ya se había producido en el Principado en 2012 y 2014.

Casi todas las comunidades han tenido que recurrir a la prórroga de sus presupuestos en alguna ocasión y solo la Comunidad Valenciana y Canarias han aprobado sus cuentas anuales sin problemas desde finales de la década de los ochenta e incluso siempre lo han hecho antes del 1 de enero de cada año.

2019, el año de las prórrogas

Los procesos electorales están detrás de muchas de las prórrogas presupuestarias y, así, las dos elecciones generales y las autonómicas de 2019 tuvieron como consecuencia que ese año marcara el récord de que el Estado y seis comunidades llegaran a diciembre con las cuentas del año anterior. Además de los Presupuestos Generales del Estado se tuvo que prolongar la validez de los de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón y La Rioja. Plazos ajustados por convocatorias electorales, mayorías insuficientes y la propia prórroga de los Presupuestos Generales del Estado están detrás de que la mayoría de las comunidades autónomas hayan tenido que recurrir a la prórroga presupuestaria en alguna ocasión.

Cuando las cuentas del Estado se prorrogan influyen directamente en las de las comunidades autónomas, ya que estas no disponen de información básica para elaborar los propios, como el techo de gasto, las entregas a cuenta y las transferencias, o el margen de déficit. En esta ocasión, se da la paradoja de que no son las cuentas del Estado las que influyen en la prórroga de unos presupuestos autonómicos, sino que la no aprobación de los catalanes y la consiguiente convocatoria de elecciones autonómicas ha llevado a que el Gobierno central renuncie a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.