María se incorporó hace solo unos meses a un juzgado de Barcelona, sin intuir el proceso de independencia. Si se produce, no tiene dudas. Se irá de allí. "Quiero ejercer como funcionaria de justicia pero con unas leyes estatales que son las que, realmente, han regido el proceso selectivo nuestro", asegura María.
Pero no solo preocupa a los recién llegados. También se quiere ir Manuel, que lleva ejerciendo 37 años. "Me tengo que ir, ¿por qué? Porque tengo un hijo menor, porque tengo una hipoteca y porque la Ley de Transitoriedad me dice que mi estatuto jurídico ya no es la ley orgánica del poder judicial", cuenta Miguel.
A los funcionarios judiciales les preocupa especialmente porque trabajan con leyes españolas que cambiarían por su sueldo y sus pensiones, o por si quedan atrapados para siempre en Cataluña. Entre ellos, Vanesa, una madrileña destinada en Girona que asegura que no soporta el clima de tensión que se vive en su trabajo: "Es un tema que enfrenta a las personas, a la gente. Estamos divididos en dos bandos".
Esa crispación también se traslada a otros sectores públicos, como el educativo. Una profesora de Girona habla de lo que el proceso ha traído a su zona: "Es mi tierra, pero me quiero ir porque todo lo que está pasando genera mucha crispación y disputas".
También hay casos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Por mí puedo aguantar lo que haga falta, pero me da mucho miedo que señalen a mi hijo en el colegio o que, quizá, a mi mujer le hagan algún tipo de vacío en el trabajo por ser mujer de guardia civil", lamenta un agente de seguridad. Son los testimonios de profesionales que, pase lo que pase, se quieren ir.