El abogado que este miércoles ha sido interrogado como imputado en la Jefatura Superior de Policía de Baleares y posteriormente conducido como detenido al juez encargado de investigar quién grabó a la Infanta Cristina durante su declaración en el caso Nóos, ha negado las acusaciones que pesan sobre él y ha asegurado que no fue él quien realizó la filmación, según han señalado fuentes de la investigación.

El letrado, Francisco Carvajal, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma tras prestar declaración durante una hora ante agentes de la Policía Nacional, ante quienes ha negado ser el autor del vídeo. Ha sido conducido por un furgón policial a los Juzgados de Vía Alemania de la capital balear.

La conducta de quien grabó el vídeo podría constituir un delito de desobediencia a una resolución judicial, por cuanto el juez José Castro había prohibido que ninguna persona, durante la declaración de la Infanta, accediera al interior del edificio judicial de Via Alemania con móviles, 'tablets', ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos. 

Una medida que también se aplicaron él mismo así como los fiscales anticorrupción. Por su parte, el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) anunció que abriría un expediente informativo contra quien efectuó la filmación si, una vez identificado, se dirigen actuaciones penales contra él por parte del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, encargado de las investigaciones. 

El organismo colegial ha precisado que, de ser así, se abriría un acta de información previa, que podrá derivar en archivo -en caso de no existir responsabilidad alguna- o en la apertura de un expediente sancionador, previo análisis de la Comisión de Deontología del Icaib. 

Una sanción que, según especificaron, puede ser leve, grave o muy grave dependiendo de la gravedad de su conducta y que puede conllevar la suspensión temporal del ejercicio de la abogacía. Tal y como han señalado, la apertura del expediente correría a cargo del Colegio de Abogados de las islas, si bien la ejecución de la sanción iría a cargo de la institución en la que el abogado en cuestión estuviera colegiado. 

Mientras tanto, la Policía Nacional ha llevado a cabo durante estas dos últimas semanas las diligencias de investigación pertinentes de cara a acotar sus pesquisas en torno al autor de los hechos.