La mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña se ha reunido durante casi dos horas, exactamente una hora y 45 minutos, en La Moncloa. Según ha adelantado laSexta, la reunión ha terminado con varios acuerdos que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha detallado poco después.

El primero de los acuerdos se refiere a "superar la judicialización de la política" y para reforzar las garantías del diálogo. Y un segundo acuerdo para "impulsar y proteger la lengua catalana". Bolaños se destacado que con estos acuerdos se abandonan los "monólogos" y se abraza el diálogo como forma de hacer política, renunciando a acciones "que saquen la política fuera del juego democrático".

"Son acuerdos que dan respuesta a una mayoría amplia de la sociedad catalana que dejan atrás bloques que antes eran irreconciliables. Hoy abandonamos los monólogos y las imposiciones, y abrazamos el diálogo como forma de hacer política", ha añadido.

Desde la delegación catalana, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha valorado est reunión como un primer paso en al negociación del conflicto político con la que se cierra la carpeta de la judicializacion. Así, Vilagrà ha valorado la construcción de un marco con los primeros acuerdos, aunque ha insistido en que hay plazos, y que "antes de que acabe el año tiene que haber reformas". También se ha referido a la ausencia de representación de Junts, que "siempre tienen la puerta abierta en la mesa de diálogo. Le hemos notificado los acuerdos y no tenemos nada más que añadir", ha sentenciado.

Fin de la judicialización de la política

Bolaños ha explicado que la desjudicialización de la política tiene tres principios. El primero, la actividad política debe llevarse a cabo dentro del marco democrático vigente, destacando en este punto los acuerdos, el diálogo y las reformas. La segunda vía es que se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático. Además, estos acuerdos tienen que ser representativos de mayorías amplias y trasversales de Cataluña. Se basa en fin en continuar con el trabajo y "fortalecer los acuerdos y el diálogo", ha señalado. El tercer principio de este acuerdo es que las instituciones públicas deben preservar el interés general cuando sus actuaciones afecten al patrimonio o a la situación de las personas.

Protección de la lengua

En cuanto al cuerdo de la protección del catalán, se parte de dos premisas. La primera, el reconocimiento de la diversidad lingüística de España como riqueza de nuestro país. La segunda, que esa diversidad lingüística sea una fuente de riqueza, oportunidades y derechos tal como recoge el art. 3 de la Constitución.

"El catalán es una lengua española y el impulso y la protección es una obligación del Gobierno y una riqueza. Este impulso a la lengua lo defendemos con tres líneas. La primera, fortaleceremos la protección y el impulso del catalán en la educación desde una perspectiva pedagógica y centrada en los derechos y libertades del alumnado. Reafirmamos nuestro compromiso con el dominio oral y escrito del catalán y el castellano de todos los alumnos de Cataluña. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar la lengua que quieran en función del entorno", ha explicado Bolaños, matizando que es lo que se recoge de forma textual en la ley catalana. Además, se ha acordado que esa política lingüística debe estar sujeta a mejoras y revisiones.

Asimismo, ha detallado que se va a favorecer una perspectiva lingüística de las políticas de la legislación. "Vamos a incorporar la realidad lingüística a los proyectos legislativos. Vamos a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. Vamos a ampliar el derecho de los representantes de la ciudadanía española a realizar su labor en todas las lenguas cooficiales", ha enumerado. También "vamos a solicitar al parlamento europeo la lengua catalana como lengua de uso en el pleno. Vamos a garantizar el derecho de petición en catalán por toda la ciudadanía. También vamos a facilitar la presencia de representantes de la Generalitat en todos los foros internacionales donde haya perspectiva lingüística", ha seguido. Algo que según el ministro es extensible al euskera y al gallego si sus presidentes lo piden.

Finalmente, el ministro de Presidencia ha alabado que "en cuatro años de diálogo hemos hecho más que en tres legislaturas de enfrentamiento e inmovilismo. Es importante el diálogo con Cataluña. Con el diálogo no pierde nadie. Con el diálogo gana Cataluña, el resto de España y la sociedad. Hoy es un punto y aparte, seguimos trabajando. Cuando hay acuerdos celebraremos una nueva mesa de diálogo".

Esta última reunión de la mesa venía precedida del encuentro bilateral que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Pere Aragonès, a mediados de julio en Madrid, en el que abordaron el desarrollo y despliegue de los fondos europeos en Cataluña, según indicó posteriormente la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Tercera reunión de la mesa

Se trataba de la tercera reunión de la mesa de diálogo, la segunda con Aragonès en el cargo: la primera fue en febrero de 2020 en Madrid con el expresidente Quim Torra, y la segunda tuvo lugar el 15 de septiembre de 2021 en Barcelona. En esta ocasión, Aragonès y Sánchez no han estado en el encuentro y tampoco han acudido los representantes de Junts, formación que da por acabada la mesa de diálogo y que pide abrir una nueva etapa para abrir una "negociación real" con el Estado.

La delegación del Ejecutivo Central ha estado encabezada por el ministro Bolaños; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La parte catalana la integran la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; el conseller de Empresa, Roger Torrent; el de Interior, Joan Ignasi Elena, y la de Cultura, Natàlia Garriga.

En la reunión de septiembre de 2021, Junts ya no participó en el encuentro porque consideró que se vetaron los nombres que había propuesto, entre los cuales personas que no formaban parte del Govern, pero Aragonès argumentó que sólo podían participar en ella miembros del Ejecutivo catalán, no de partidos.

La mesa de diálogo tenía lugar tras un periodo de congelación de las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat por el escándalo de las escuchas a líderes independentistas con el software Pegasus, que provocó la retirada del apoyo parlamentario de ERC al Gobierno y supuso el cese de la directora del CNI, Paz Esteban.