Estamos ante el inicio de un plan de desmantelamiento completo de la central nuclear de Garoña, que se desarrollaría en tres fases, y que podría durar hasta 10 años. Todo, según las eléctricas, por la nueva ley energética, que trae consigo un nuevo impuesto sobre las nucleares que, consideran, llevaría a la quiebra a Garoña.
Un nuevo impuesto que entraría en vigor en enero de 2013 y que, según han calculado, llevaría un coste para Garoña de unos 153 millones de euros al año, una cantidad demasiado elevada para la baja productividad de la central.
Es el cierre de una central de la que vive toda una comarca. Estrella es farmacéutica, pero ve cómo con Garoña también se va su negocio. "Vivimos de la nuclear, principalmente. Si la cierran, tendremos que cerrar nosotros también".
Y lo peor, dicen, es que cierran porque quieren. Las eléctricas han decidido que Garoña deje de latir porque el Gobierno no cede y no cambia la ley para ellas, como afirma Jorge Fabra, de 'Economistas frente a la crisis': "Se trata de un cierto pulso al Gobierno, porque las empresas quieren que se elimine la nueva fiscalidad energética".
Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, han mantenido un pulso con el Gobierno para no pagar el nuevo impuesto a las nucleares. Dicen que mantener Garoña supondría unas pérdidas millonarias. LaSexta Noticias ha intentado hablar con ellos. Se remiten a la nota de prensa. El presidente del Comité de Empresa de Garoña señala que "nadie se puede explicar que una empresa como esta, que puede seguir funcionando hasta 2019, que se tenga que cerrar, unos porque digan que no ganan, y otros que necesitan el dinero. No lo entendemos".
Ahora, la papeleta la tiene el Gobierno que optó por ponerse del lado de la energía nuclear y permitir la prórroga que exigían las eléctricas: "Cuando ganemos las elecciones, si es posible técnicamente, que espero que lo sea, Garoña no se va a cerrar", afirmó Rajoy en campaña. Pero ellas le dejaron tirado. Ahora adelantan su cierre e insisten en el pulso. Dicen que Garoña es reversible si el Gobierno da marcha atrás en la aplicación del impuesto.