La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 para Luis Medina por la estafa de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia de coronavirus. A Luceño le acusan por un delito continuado de estafa agravada, otro de falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y delito contra la Hacienda Pública agravado. Mientras que a Medina, se le acusa de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.
Según el informe de la Fiscalía, "la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación".
El ministerio fiscal también destaca que gran parte del material que recibió el Ayuntameinto de Madrid era defectuoso. "Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80 %, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7 %, por lo que Elena Collado contactó con Alberto Luceño para que al menos ese lote se devolviera al vendedor y se recuperara el precio pagado. Alberto Luceño contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test, pues consideraba que el defecto causante de la baja sensibilidad se corregiría con esos nuevos reactivos o diluyentes, que fueron enviados por Leno en agosto de 2020. No obstante, por causas imputables al propio Ayuntamiento, no fueron recibidos en ese momento, sino que fueron devueltos y tuvieron que ser enviados de nuevo por el fabricante".
Luceño habría falsificado documentos y la firma del propio San Chin Choon, según recoge el informe. "Ninguno de estos documentos es auténtico, sino que fueron elaborados por Alberto Luceño poco antes de enviarlos al banco, y la firma de San Chin Choon que figura en ellos tampoco es auténtica, sino que ha sido confeccionada por el propio Alberto Luceño".
En cuanto al fraude fiscal, la Fiscalía detalla la creación de una sociedad a la que imputar los ingresos de las comisiones recibidas. Así tributaría bajo un tipo del 15% (para als Sociedades de nueva creación) frente al tipo geeral del 25%. "Esta sociedad fue Takamaka, S.L., que había sido constituida el 26 de mayo de 2020, y cuyo capital social (3500 €) fue desembolsado por Alberto Luceño (70 %), su esposa M.ª R. L. C. (20 %) y sus hijos F. J. y A. (5 % cada uno). Alberto Luceño es administrador único y titular real de esta sociedad. Esta sociedad, que no ha tenido ninguna actividad real distinta de la que desarrolla el propio Alberto Luceño como persona física, emitió diversas facturas a Leno por servicios de intermediación comercial, fechadas el 1 de julio de 2020 y por un importe global de 4.623.350,05euros.