La Federación Plataforma Trans ha pedido este sábado la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse que quiere tramitar de forma urgente la derogación artículos fundamentales de la ley que protege a las personas trans. Se trata de uno de los mayores retrocesos, ya que vuelvan a someter a tutela médica y psicológica a personas trans como si fueran enfermos mentales.
La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha vuelto a calificar de "retroceso histórico" el recorte en la leyes Trans y LGTBI. "Pretende limitar la autodeterminación... Desde Más Madrid vamos a hacer todo lo posible para que no se lleve a cabo este cercenamiento de los derechos y libertades del colectivo LGTBI, en especial, del colectivo trans", ha sostenido García.
Por su parte, las asociaciones no se lo pueden creer y han denunciado que se trata de una amputación de medidas clave por las que han estado muchos años luchando. Asimismo, han pedido que las necesidades médicas de las personas trans continúen pasando por la misma puerta que el resto de la población y no por la de psiquiatría, porque ser trans no es una enfermedad mental.
"Están abrazando teorías antiguas"
Por eso, la Federación de Plataforma Trans ha pedido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. "No estamos hablando de una enfermedad mental, estamos hablando de una diversidad humana, que es lo que somos las personas trans. Parece que esta mujer todavía vive en los tiempos oscuros del franquismo", ha asegurado Mar Cambrollé, presidenta de la Federación.
Entre las mayores preocupaciones, están los niños ya que compromete su desarrollo y su futuro como personas libres. Después de haber podido avanzar en derechos, dan marcha atrás en Madrid: adiós a la formación de docentes, a la visibilidad y formación de las personas LGTBI y a los planes de estudio inclusivos. Las familias están muy preocupadas. Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia Familias Trans Aliadas, ha asegurado que "hay una sensación de miedo". "Están abrazando teorías antiguas, caducas, y que no responden a una realidad, que solo causan daño y sufrimiento", ha añadido.
Una vez aprobadas, no quiere decir que no se puedan impugnar porque, tal como explica el abogado especializado en LGTBI Saúl Castro, que el "siguiente paso está en manos del presidente del Gobierno o el Defensor del Pueblo". "Son ellos quienes podrían interponer un recurso de inconstitucionalidad", ha señalado.
Las asociaciones denuncian que esto es un retroceso en derechos, por lo que este lunes se concentrarán para mostrar su rechazo en el centro de Madrid.