La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dejado sin efecto la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos por parte del juez que instruye la causa, José Castro, de manera que ha aceptado así en parte los recursos presentados en contra de esta decisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la propia Infanta, el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga. Solamente ha habido un voto particular a favor de mantener la imputación emitido por parte del magistrado Juan Jiménez.
Cabe recordar que el pasado 3 de abril, el juez Castro imputó a la infanta Cristina y la citó a declarar el 27 de abril, si bien, posteriormente, suspendió esta declaración, después de que el fiscal Anticorrupción presentara un recurso contra esta decisión el 5 de abril.
En el auto judicial, Castro afirmaba que a partir de la declaración de Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de la infantas, Carlos García Revenga, "surgen una serie de indicios que hacen dudar" que la infanta Cristina "desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.".
Argumentos de la Fiscalía
Por su parte, en el citado recurso que presentó Horrach contra el auto de Castro, señalaba que "no se entiende" el sentido de la imputación, teniendo en cuenta que en la fase procesal en la que se encuentra el caso Nóos y concluida la investigación de la causa, no hay "elementos incriminatorios" que sustenten una acusación formal contra Doña Cristina de Borbón.
En este sentido, asegura que la aplicación del principio acusatorio conllevará necesariamente el "sobreseimiento" de la causa respecto de Doña Cristina de Borbón.
Asimismo, recalca que la infanta Cristina "ni es titular, ni es autorizada o apoderada en cuenta corriente alguna vinculada al Instituto Nóos o a la Fundación Deporte Turismo e Integración Social, por lo que, en su opinión, el citado precedente judicial ofrece "nulo apoyo al razonamiento jurídico del instructor".
Recurso de la infanta Cristina
Mientras, la infanta Cristina presentó el pasado 16 de abril un recurso en contra de su imputación, al aseverar que no hay contra ella indicios de suficiente relevancia penal para declarar como encausada dentro de este procedimiento.
Concretamente, la defensa de la Infanta Cristina asevera en el recurso que "no tiene sentido" un encausamiento con "nulas posibilidades de prosperar", máxime cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han mostrado su disconformidad con la decisión del juez José Castro y teniendo en cuenta que un imputado no puede llegar a la fase del juicio si contra él las acusaciones no han formulado acción alguna.
Así, los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva consideran una "clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales" el hecho de citar a declarar a su patrocinada "estando claro a estas alturas del proceso que sólo la acusación popular", ejercida por el sindicato Manos Limpias, "podría estar interesada" en esta diligencia.
La Abogacía del estado se adhirió a la impugnación
Por su parte, la Abogacía del Estado se adhirió a la impugnación del fiscal Pedro Horrach únicamente en relación al presunto fraude fiscal investigado en el caso Nóos, que se eleva a unos 470.000 euros, debido a que su personación en la causa se limita a la defensa de la Agencia Tributaria (AEAT) como perjudicada por la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública.
Así lo precisaba en el escrito en el que la Abogacía aseveraba que su apoyo a la impugnación del Ministerio Público "viene limitado, por su legitimación, exclusivamente a la instrucción, averiguación, acusación y defensa de la AEAT" en lo referente a las anteriores infracciones penales y no en cuando al resto de delitos, en particular el de tráfico de influencias".
De este modo, la Abogacía aseveraba que no existe "un sólo indicio incriminatorio" respecto a la hija del Rey Don Juan Carlos "más allá de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon", de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin.