Según han explicado fuentes de la empresa, Tragsa "está al servicio de las administraciones en situación de normalidad, como se hace diariamente, o en una situación de emergencia, siempre que esté declarada por la administración".
En este sentido y en relación con el anuncio de la alcaldesa Ana Botella, han precisado que en este momento "se trata de una hipótesis", pero que la disposición 25 del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre recoge "como trabajar", y lo que una empresa de estas características tiene que hacer "por una encomienda de carácter obligatorio en actuaciones de emergencia".
Por su parte, el comité intercentros de Tragsa ha manifestado ya en un comunicado firmado por UGT, CCOO y CGT que no está dispuesto a participar en las "artimañas" de la alcaldesa de Madrid, han rechazado "rotundamente" la intención de Botella y han manifestado el "total" apoyo a las "justas" reivindicaciones de los barrenderos y jardineros de la ciudad.
El comité intercentros considera que no se cumplen los requisitos marcados por el Estatuto de Tragsa en este tipo de situaciones, pues sería necesario que se declarara una situación de emergencia sanitaria, y añade "que en este caso no se cumple, según reconoce la propia alcaldesa, pues para que fuese declarada suele transcurrir unas tres Semanas, como ha sucedido en otras ocasiones".
Así mismo, recuerdan que los trabajadores de Tragsa están inmersos en un expediente de despido colectivo que plantea enviar al desempleo a 836 trabajadores, el 23 por ciento de la plantilla fija de esta empresa pública, por lo que no podrían prestar este servicio.
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