Durante una mesa redonda en el marco del XI Encuentro del sector eléctrico organizado por Expansión, el presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha criticado la improvisación de una reforma eléctrica que acaba con la seguridad jurídica y lleva a estas instalaciones al límite.
Villarig, que ha reclamado planteamientos a largo plazo para la estrategia energética del país, ha rechazado la exclusiva responsabilidad de las renovables en la generación del déficit de tarifa, un desfase generado al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes y que el Gobierno intenta atajar.
Con este objetivo, el Gobierno ha planteado una reforma para el sector eléctrico que conlleva un cambio en el modelo de retribución para las renovables, que dejarán de cobrar primas para recibir incentivos que garanticen una rentabilidad "razonable" en el entorno del 7,5%.
A la espera de conocer los detalles con los que se articulara este nuevo modelo, el sector teme que esa rentabilidad real sea bastante inferior y que tenga que ser a través de la vía judicial cómo se fije lo que es una "rentabilidad razonable".
En este sentido, el presidente de la asociación termosolar Protermosolar, Luis Crespo, ha apuntado que la seguridad jurídica se ha vulnerado y que eso se acabará pagando en indemnizaciones.
Crespo, que ha reconocido que el desarrollo de algunas tecnologías renovables ha sido caro y se podía haber hecho "con más cabeza", ha rechazado que la solución pase por el cierre incentivado de plantas, tal y como se recoge en uno de los proyectos normativos de la reforma eléctrica.
"A nadie se le puede pasar por la cabeza cerrar plantas termosolares", ha subrayado. Sobre este punto, el vicepresidente de la fotovoltaica Unef, Luis Torres, ha criticado con dureza que el Gobierno no haya dialogado con ellos y haya pasado de incentivar el desarrollo de las renovables a incentivar su cierre.
"Estamos abocados a desenchufar", ha advertido Torres, que ha calificado la reforma de "exterminio".
