Los grupos del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y el PNV en el Congreso subrayan el "fracaso" de la reforma laboral del Gobierno 'popular' cuando se cumple un año de su entrada en vigor, el 11 de febrero de 2012, tras ser aprobada como decreto ley por el Consejo de Ministros.
Portavoces de las cuatro formaciones han señalado que la nueva regulación laboral ha precarizado el empleo, destruido la negociación colectiva, provocado un incremento de los expedientes de regulación, y todo sin conseguir frenar el aumento del desempleo.
De hecho, aluden a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, hechos públicos a finales de enero, según los cuales España cerró el pasado ejercicio al borde de los 6 millones de desempleados (26,02%), tres puntos más que un año antes, tras sumar 700.000 nuevos parados y destruir 850.500 puestos de trabajo en un proceso paralelo a la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social. Entre la población joven, el desempleo supera el 55%.
La portavoz socialista de Empleo, Concha Gutiérrez, cree que el "fracaso" de la reforma se hace patente en todos los datos de la EPA, que muestran el incremento del desempleo en todos los sectores, tramos de edad, tipos de contratación y tanto ámbito privado como público. Además, considera que se ha destruido la negociación colectiva, con cada vez menos trabajadores "protegidos" por un convenio, mientras que la pretendida flexibilidad para negociar modificaciones de jornada o reducciones salariales no ha evitado los despidos.
Por su parte, el portavoz de Empleo de IU-ICV-CHA, el catalán Joan Coscubiela, cree que la reforma laboral es "el gran fracaso y el gran fraude" del Gobierno porque "no sólo no ha frenado el aumento del paro, sino que se ha disparado" y, a la vez, "es la evidencia de cómo se ha engañado a los españoles" ya que la norma se presentó asegurando que "serviría para promocionar el empleo" mientras que "en realidad el gran objetivo era conseguir que el ajuste de la crisis se haga por la vía de la reducción drástica del salario".
Alvaro Anchuelo, de UPyD, coincide también en que "claramente la reforma laboral no ha logrado sus objetivos porque ha habido una destrucción de empleo muy fuerte tanto en el sector privado como en el público" sin haber acabado tampoco con la dualidad del mercado de trabajo. De hecho, a su juicio la nueva regulación del mercado laboral está acrecentando este problema, como demuestra el hecho de que el 90% de los nuevos contratos firmados en 2012 sean temporales.
Por su parte, el portavoz de Empleo y Seguridad Social del PNV en el Congreso, Emilio Olabarria, cree que la reforma laboral sólo ha provocado la destrucción de más empleo, como así lo demuestran los casi seis millones de parados que existen en la actualidad, y ha evidenciado que en una situación de recesión económica no se puede facilitar el despido mediante su "descausalización" ni su abaratamiento.
Finalmente, la portavoz del PP en materia de Empleo en el Congreso, Carmen Álvarez-Arenas, ha recordado que el objetivo de la reforma en este primer momento de aplicación no era "dar una solución al drama de paro", sino "frenar" el incremento de despidos dando a empresarios y trabajadores más flexibilidad para pactar medidas de competitividad sin tener que recurrir a la finalización de contratos.
La reforma laboral fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2012 y entró en vigor tras su publicación, al día siguiente, en el Boletín Oficial del Estado. El Pleno del Congreso convalidó el texto en su sesión del 8 de marzo y, tras ser tramitada como proyecto de ley, el Congreso dio luz verde definitiva el 24 de mayo, con el apoyo de PP y CiU. Los sindicatos convocaron una huelga general contra esta normativa el 29 de marzo.