Así consta en el informe anual de la entidad que dirige Soledad Becerril, que subraya que desde la entrada en vigor de esta ayuda el Defensor del Pueblo ha recibido más de 3.500 quejas.
De hecho, a pesar de que la renta básica de emancipación fue derogada con efectos del 1 de enero de 2012, "eso no ha supuesto el final de la recepción de quejas, sino más bien lo contrario", señala la institución. A fin de conocer las causas que han motivado los retrasos en los pagos y las previsiones de regularización de esta situación, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio con la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
La respuesta oficial de la administración aseguraba que la causa principal de los retrasos en los pagos era la insuficiencia de crédito disponible para aprobar el gasto necesario de los nuevos expedientes.
Así, y aunque desde 2008 la previsión presupuestaria había resultado suficiente, a partir de 2011 se produjeron "tensiones" en los plazos de pago de los nuevos expedientes. Esto propició que se tuviese que recurrir a operaciones de recuperación del crédito e incluso a ampliar el crédito con cargo a otras partidas del presupuesto o del Fondo de Contingencia.
Sin embargo, la explicación oficial aseguraba que a finales de 2012 no existiría insuficiencia de crédito que generase retrasos en el abono de las ayudas y que la previsión es que en 2013 no se produzcan problemas en los plazos para la gestión de los expedientes de pago.
Parte del problema, indican desde la Administración, reside en la demora de los plazos de emisión de resoluciones por parte de las comunidades autónomas, que se encuentran todavía en una media de 105 días.
Además, la respuesta oficial alude a las incidencias que se han originado en los casos en los que alguna comunidad ha resuelto favorablemente la ayuda de la renta de emancipación sin comunicarlo al Ministerio de Fomento y con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.
El Defensor del Pueblo también ha investigado las previsiones para el control de eventuales cobros indebidos, dado el "considerable" número de quejas que ha recibido. La Administración considera que, en un contexto como el actual, "el rigor en la recuperación de ingresos indebidamente percibidos resulta inexcusable".
Otro de los temas que han centrado las reclamaciones en vivienda han sido los relacionados con la ya extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA), en concreto por la modificación unilateral de los contratos. En este sentido, el Defensor del Pueblo duda de que en estos casos se hubiesen producido las circunstancias excepcionales exigibles para que la modificación unilateral de los contratos pudiera considerarse válida.
