El Gobierno quiere poner un límite en las bajas de los trabajos. Para ello dará más poder a las mutuas en el control de las bajas laborales con un objetivo: “Incrementar la eficiencia en el control de las prestaciones buscando luchar contra el absentismo laboral injustificado” según apunta la ministra de Empleo Fátima Báñez.
Desde el primer día, las mutuas harán un seguimiento de la prestación por baja. Podrá formular una propuesta de alta enviada al médico, quien tiene cinco días para responder. Si no lo hace, la Mutua extinguirá la prestación y el trabajador deberá reincorporarse a su puesto de trabajo.
Vieja reivindicación empresarial, la futura ley aún puede sufrir cambios la próxima semana cuando se analice en el Consejo Económico y Social. “Es un atentado contra la salud de los trabajadores porque prioriza los criterios económicos a los criterios de salud” afirma Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT.
No gusta a los sindicatos ni asociaciones de médicos que ven este anteproyecto de ley como un paso más en la privatización de la sanidad. “La Mutua gestionará cualquier ámbito de la Seguridad Social” declara Rufino.
Según el Ejecutivo, esta medida conllevará un ahorro anual de 500 millones de euros para la Seguridad Social. A cambio, el trabajador estará bien marcado cuando solicite una baja.
