Las antiguas cajas nacionalizadas no podrán dedicarse a actividades financieras complejas, ni actuar fuera de su comunidad autónoma y provincias limítrofes, salvo alguna excepción. Y quien forme parte del patronato de la fundación bancaria no podrá ser consejero del banco. Algo que la CECA, la patronal de las cajas de ahorros, rechaza porque, aseguran, dificulta la gestión.
El Gobierno también pretende proteger la obra social, aunque no ha especificado demasiado. Esta labor ha sufrido en los últimos tiempos importantes recortes. Sólo de 2010 a 2011 disminuyó en un 23%: "La obra social se nutre de los dividendos que cobramos como accionistas que somos de estos bancos", afirma Inés García Pintos, responsable de Obra Social de la CECA.
Además, el anteproyecto establece que las antiguas cajas nacionalizadas no podrán tener un activo de más de 10.000 millones de euros.
Buen rumbo
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